Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Margarita Martínez, afirmó que cada vez más los ciudadanos cuestionan la forma en la que se conduce el desarrollo urbano en la Ciudad, bajo esquemas en los que la población en general no se siente beneficiada sino agraviada por la falta de participación en la toma de decisiones y por la falta de transparencia en el uso y ejecución de los instrumentos urbanos.
Durante la comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, ante la ALDF denunció que “todos los días, en las redes, en los medios, en cientos de audiencias públicas ciudadanas, recibo a vecinos molestos por la violación al uso del suelo y el gobierno no ha podido explicar cómo está tomando decisiones fundadas en la normatividad vigente”.
Destacó que la mayor demanda ciudadana tiene que ver con la falta de aplicación estricta de la ley y, el caso más representativo, de la vivienda de interés social y popular, en donde el mal uso y abuso que se hizo de la Norma 26 no ha tenido consecuencias.
“La autoridad decide congelar la norma y al mismo tiempo deja sin sanción a quienes la vulneraron. Este comportamiento ha lastimado profundamente la credibilidad ciudadana en las instituciones y es el mayor obstáculo para lograr una nueva normatividad que permita revertir el perverso proceso de expulsión de familias capitalinas que no encuentran en la Ciudad una opción digna de vivienda, detalló.
Martínez dijo que otro tema fundamental tiene que ver con la certeza jurídica en la aplicación de la Ley, ya que los ciudadanos se sienten indefensos ante la interpretación de las normas.
Destacó que el caso más emblemático es el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Chapultepec, que no estuvo considerado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente para Cuauhtémoc como un territorio susceptible de desarrollo inmobiliario, y a pesar de la evidencia positiva y material establecida en el Plano E3, se otorga un uso del suelo que no corresponde, a un desarrollador privado, en un predio que es patrimonio de la Ciudad de México y, por lo tanto, de sus Ciudadanos.
Denunció que este modelo particular de gestión genera beneficios para pocos y perjudica a la mayoría; además, compromete la sustentabilidad y la resiliencia de la ciudad, no sólo en lo que queda de la presente administración, sino a largo plazo.
