Ciudad de México.- El de este lunes en la Asamblea Constituyente fue un día de ir y venir de reservas y propuestas de modificación, varias de ellas con redacciones armadas por consensos de última hora, lo que trajo como consecuencia muchos cambios al dictamen, que impactaron de manera sustancial el artículo 15 de Constitución de la Ciudad de México.
Los derechos de los trabajadores, asalariados y no asalariados, quedaron plasmados en ese artículo 15. En el centro de la atención estaba el debate de los legisladores sobre la forma en la que quedarían consagrados los derechos de los comerciantes en la vía pública.
En este rubro se estableció que quienes trabajen en el comercio popular podrán hacerlo en zonas especiales, mismas que estarán definidas en una legislación secundaria.
Quedó claro que nadie recordó o nadie se quiso acordar de incluir los derechos de quienes ejercen el sexoservicio. Ninguna reserva se presentó en ese sentido. Así, la propuesta que se incorporaba en la iniciativa original del Jefe de Gobierno, para reconocer y proteger el trabajo sexual voluntario, quedará como parte de la anécdota.
En el caso del comercio en vía pública, los legisladores no lograron llegar a un acuerdo sobre la propuesta de integrar un régimen de pensiones y ahorro para los ambulantes y para todos aquellos que son trabajadores no asalariados. La propuesta, incluida en el numeral 15 del apartado B, se regresó a la Comisión Carta de Derechos, para que en un plazo no mayor de 72 horas, presente una nueva propuesta de redacción.
Cuando subió a tribuna para hablar del tema, la diputada Clara Jusidman, designada por el Jefe de Gobierno, acusó que el dictamen se “achicó” respecto a la propuesta original del mandatario y quedó planteado solamente un fondo para ahorro y pensiones.
“No es solamente para ahorro y pensiones. Tenemos que buscar un sistema que proteja (a los no asalariados) ampliamente, pero que se haga con la participación de las distintas partes”, argumentó.
Dijo que muchos de los trabajadores no asalariados han contribuido con impuestos al ingreso del Gobierno Federal, particularmente para pagar la cuota del Seguro Social de los asalariados “y no hay ningún tipo de solidaridad recíproca con los no asalariados”, acusó.
Expuso que se necesita una propuesta más amplia, para considerar un régimen de prestaciones sociales para los no asalariados. “Yo creo que se fue descafeinando la propuesta del fondo, que era para pensiones y prestaciones, y quedó sólo pensiones y ahorro, pero además a partir de sus propios recursos. Me parece realmente una burla”, criticó Jusidman.
Para Roberto López, legislador del PRD, los argumentos vertidos por Jusidman eran equívocos, pues enfatizó que sí se garantizan derechos para los trabajadores no asalariados, incluidos los comerciantes.
El numeral 13 del apartado C contemplaba ese fondo. La redacción del mismo, proveniente de comisiones establecía que “la ley establecerá previsiones para la integración de un régimen de pensiones y ahorro para las personas no asalariadas. El fondo de pensiones se integrará mediante convenios y con las aportaciones de las personas beneficiarias, conforme a lo que determine la ley de la materia”. Esa redacción no generó el consenso de los diputados, por lo que Alejandro Encinas, presidente de la Mesa Directiva, anunció que al no contar con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, se regresaba a la Comisión Carta de Derechos para buscar un acuerdo general.
Los ambulantes, a zonas especiales de comercio
Lo que sí logró el consenso entre una mayoría de diputados fue la creación de un numeral 14, en el apartado B, por el que se establecen zonas especiales para el comercio en vía pública en los términos que defina la ley.
De acuerdo con ese numeral, aprobado con 66 votos a favor, 8 en contra y cero abstenciones, los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidas a través del establecimiento de zonas especiales de comercio y cultura popular en los términos que defina la ley con la participación de los propios trabajadores.
La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de regularización, formalización y regularización en materia urbana del espacio público, fiscal de salud pública y de seguridad social.
En el mismo apartado B se estableció que las personas trabajadoras no asalariadas, prestadores de servicios o por cuenta propia que producen bienes y artesanías, y comerciantes, tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender sus derechos, recibir capacitación y las demás que establezca la legislación en la materia.
Locatarios, meseros, trabajadores del hogar
La combativa y siempre discordante legisladora de Morena, Patricia Ruiz Anchondo, logró este día un triunfo durante la discusión, ya que por unanimidad el pleno de la Asamblea Constituyente aprobó una reserva en este apartado, por el que se garantizan derechos para los locatarios de mercados públicos, a los que se les reconoce como trabajadores no asalariados.
En la reservas de Ruiz Anchondo, respaldada por el Pleno, se consagra que “las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas; conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos que esta Constitución y las leyes reconocen a los trabajadores no asalariados”, se lee el segundo párrafo del numeral 12, apartado B.
Para los legisladores de Morena fue un buen día. Héctor Bonilla, diputado de ese partido, también logró que por unanimidad se aprobara una reserva por lo que se considera la protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.
Con esta propuesta se protege a trabajadores de restaurantes, de gasolineras o de establecimientos en donde, por la dinámica de su espacio laboral, deben pasar muchas horas de pie, lo que a la larga puede acarrearles problemas de salud. A decir de Bonilla, con lo que aquí aprobado se podrán establecer periodos intermitentes de descansos cortos, dentro de la jornada laboral, para esos empleados.
Se aprobó también la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre estas y sus empleadores.
El acceso a la seguridad social de estos trabajadores se realizará en los términos en las condiciones que establezcan los programas, leyes y demás disposiciones de carácter federal aplicables en la materia.
Campesinos y trabajadores rurales
La Asamblea Constituyente aprobó también la propuesta de adición al apartado D, del Artículo 15 de la Constitución Política de la capital, presentada por el diputado Augusto Gómez Villanueva, cuyo objetivo es reconocer los derechos de los campesinos y de los pequeños propietarios rurales de la Ciudad.
Gómez Villanueva recordó en la tribuna de la Constituyente que la mitad del territorio de la ciudad capital está considerado como territorio rural y que hay alrededor de cien ejidos y comunidades agrarias, cuya fuerza de trabajo se dedica al cultivo tradicional de maíz, nopal, amaranto, frijol, plantas medicinales, así como flores de ornato y especies endémicas.
Como trabajadores, agregó, deben incluirse a quienes laboran y cuidan las zonas forestales que sirven para la captación del agua de lluvia y oxigenan el medio ambiente.
El nuevo apartado D tutela los derechos de toda persona campesina y todo propietario rural, y promueve su participación en la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la propiedad social y la propiedad pública.
Otra reserva que avaló el Pleno de la Constituyente llevaba la firma del Partido Encuentro Social. Hugo Erick Flores, legislador de esa bancada logró que con 62 votos en pro, dos en contra y dos abstenciones, el gobierno de la ciudad de México establezca programas y designe presupuesto para el fomento al emprendedurismo y el impulso a las actividades económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la Ciudad.
