Ciudad de México.- Agentes del Ministerio Público Federal ejecutaron la orden aprehensión con fines de extradición en contra de Joaquín Guzmán Loera dentro del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, así se da inicio al proceso para enviar al “Chapo” a los Estados Unidos.
La defensa de Guzmán Loera tiene tres días para presentar sus objeciones para el traslado a los Estados Unidos, y 20 más para demostrar con pruebas fehacientes porque no debe ser llevado a los E.U, si es que decide objetar la determinación.
“A las 20:45 minutos del día de ayer, 10 de enero de 2016, policías federales ministeriales adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, dieron cumplimiento a la orden de detención formal con fines de extradición mencionada, dejando al reclamado, interno en el Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México”, se informó.
Como parte del expediente 3/2001 el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF otorgó la orden de aprehensión contra Guzmán Loera para ser trasladado a los E.U, aunque se pidió vía exhortó que un juez del Estado de México quien realice la audiencia inicial por cuestiones de territorialidad.
Dicha petición forma parte un proceso iniciado el 23 de agosto de 1996, ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, donde Guzmán Loera enfrenta cargos por los delitos de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína.
Por otra parte, Joaquín Guzmán Loera presentó tres juicios de amparo, en todos obtuvo la suspensión de plano y provisional en contra de los actos reclamados, entre ellos, la desaparición forzada, privación de la vida, tortura y pretender sacarlo en extradición o deportación rumbo a los Estados Unidos.
Al dar entrada a las demandas se concedió la suspensión de plano contra actos violatorios de los derechos humanos, dicha resolución se podría modificar en los próximos días cuando se entre en el estudio de los respectivos juicios.
Se trata de los juicios 39 y 47/2016 presentados ante el Juez Noveno de Distrito de Amparo Penal en el DF.
“La incomunicación tormentos, pretender privar de la vida y tratar de sacar al quejoso del país, deportado e extraditándolo a los Estados Unidos de América, sin respeto a las formalidades esenciales del procedimiento en especial, hacerlo víctima de desaparición forzada”, fueron los actos reclamados por Guzmán Loera en el juicio 47.
Mientras tanto, a través del juicio 39/2016, presentado por el abogado Juan Pablo Badillo Soto se reclamaron actos como: “1. Orden o disposición para detener y confinar fuera de todo procedimiento judicial al quejoso, sometiéndolo a violente degradación e inhumano maltratamiento. 2. Incomunicación y maltrato psicológico físico y degradante al que ha sido sometido con inusitada violencia”.
Mientras tanto en el Juzgado Segundo de Distrito de Materia Administrativa, presentó la demanda 75/2016 en contra del Secretario de Gobernación, actos fuera del juicio como la deportación, tortura, entre otros, y aunque el juez concedió la suspensión de plano contra los actos violatorios de los derechos humanos, declinó competencia, ya que no tiene atribuciones para conocer de actos del ámbito penal.
Asimismo, la Procuraduría General de la Republica (PGR) presentó la petición para aplicar la extinción de dominio en el casa donde se refugió Joaquín Guzmán Loera, y donde inició la persecución para detenerlo.
Se trata del inmueble ubicado en Boulevard Jiquilpan No. 1002, Fraccionamiento Las Palmas en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, el cual permanece bajo el resguardo de la PGR.
“Dicho inmueble permanece asegurado, por considerarse producto del delito, por lo que ya se trabaja en el trámite de Extinción de Dominio, previsto en la Ley Federal de la Materia”, informó la PGR.
