Ciudad de México.– La Procuraduría General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal sobre averiguación en contra del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza Longoria.
El asunto toma relevancia en medio de la medio de la polémica por los nuevos resultados en los peritajes por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues Álvarez Icaza ha sido uno de los precursores y defensores del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los expertos propuestos por la CIDH, han refutado los resultados de la PGR en torno a los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
En la denuncia presentada por José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, se responsabiliza a Icaza Longoria de haber malversado los recursos del Estado mexicano para financiar la intervención del GIEI en el caso Ayotzinapa
Sin embargo, el quejoso no presentó mayores elementos de aprueba ni ratificó su demanda que sólo quedo como un acto mediático.
“En relación con la averiguación previa iniciada el día 15 de marzo del presente año en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria, por el supuesto delito de fraude, la Procuraduría General de la República informa que en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se ha determinado la Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal”, informó la depende4ncia federal a través de un escueto comunicado de dos párrafos.
La PGR hizo la notificación oficial a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del Gobierno Federal, el día 4 de abril del presente año.
El trabajo del GIEI ha sido fuertemente cuestionado por algunos sectores de la sociedad y medios de comunicación que defienden la denominada “verdad histórica” de la PGR, por la que se establece que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron calcinados en el basurero de Colula, sin embargo, los expertos del GIEI han refutado en diversas ocasiones la versión oficial.
Como parte de los acuerdos con los padres de familia de los normalistas desaparecidos, se estableció junto con la CIDH contratar a los expertos independientes.
Por ello, el Estado ha entregado cerca de dos millones de dólares a la CIDH para garantizar el trabajo del GIEI durante dos periodos de seis meses cada uno para coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa, y el segundo semestre concluye el presente mes.
