Ciudad de México, septiembre de 2025. – Un reciente reporte de Moody’s Ratings encendió las alarmas sobre el futuro de la calificación crediticia de México, al señalar que el nivel de deuda del Gobierno Federal podría comprometer su grado de inversión si la tendencia ascendente no se contiene.
De acuerdo con Renzo Merino, vicepresidente y analista de crédito senior del grupo de riesgo soberano de Moody’s, la carga de la deuda podría crecer hasta representar entre el 45% y 50% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027, sin considerar los pasivos de Pemex, cuya situación financiera sigue siendo un factor de presión estructural.
La Secretaría de Hacienda informó que, en julio de este año, la deuda neta del Gobierno Federal ya alcanzó el 44.4% del PIB, lo que refleja un aumento de aproximadamente 5 puntos porcentuales en comparación con 2024. El costo de mantener esta deuda es elevado: México destina alrededor del 17% de sus ingresos al pago de intereses, cifra que supera a la mayoría de países con calificaciones crediticias similares.
Moody’s mantiene la calificación de México en Baa2, dos escalones por encima del grado especulativo. Sin embargo, advierte que el creciente costo de la deuda limita el espacio fiscal para destinar recursos a infraestructura, educación y salud, pilares fundamentales para el desarrollo económico y social.
El reporte también señala que México enfrenta desafíos estructurales en sus finanzas públicas, como el gasto rígido, la dependencia de transferencias sociales y la presión que representa la situación financiera de Pemex.
A pesar de este panorama, otras calificadoras mantienen una postura más estable. En abril de 2025, Fitch Ratings reafirmó la calificación de México en ‘BBB-’ con perspectiva Estable, mientras que el pasado 8 de septiembre S&P Global Ratings ratificó la nota en ‘BBB’ a largo plazo en moneda extranjera y ‘BBB+’ en moneda local, también con perspectiva Estable. Estas evaluaciones incorporan expectativas de una política monetaria prudente y un retorno a déficits fiscales moderados.
Con este escenario, el reto para el Gobierno Federal será equilibrar la disciplina fiscal con la necesidad de impulsar inversiones que garanticen crecimiento económico y bienestar social, sin comprometer la estabilidad financiera del país.
