La discusión sobre el futuro del autotransporte mexicano volvió a encenderse en Expo Transporte ANPACT 2025, donde especialistas nacionales e internacionales coincidieron en que la modernización del sector ya no es un debate técnico, sino un asunto político y presupuestal. El país enfrenta una flota envejecida, infraestructura limitada y un déficit persistente de operadores que frena cualquier transición tecnológica.
Alejandro Osorio, presidente del Comité Organizador de la expo, habló de la necesidad de decisiones basadas en evidencia. Señaló que el sector no puede modernizarse sin información precisa y cooperación entre gobierno, industria y especialistas, y advirtió que las soluciones improvisadas solo profundizan los rezagos.
Jesús Padilla, presidente fundador de la AMTM, expuso uno de los contrastes más marcados: la flota privada ronda los ocho a diez años de antigüedad, mientras el servicio público federal opera con unidades que alcanzan los diecinueve. Esta disparidad —dijo— encarece la operación y aumenta el impacto ambiental, además de evidenciar la falta de programas sostenidos de renovación.
Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la ANTP, agregó que la diferencia tecnológica es contundente. Las unidades modernas pueden reducir hasta 90% las emisiones y generar ahorros cercanos a 20% en combustible respecto a vehículos de hace dos décadas, beneficios que no pueden replicarse sin inversión pública y privada.
La participación del embajador de Suecia en México, Gunnar Alden, reforzó ese punto. El diplomático insistió en que la transición hacia un transporte sostenible requiere más que voluntad política: demanda coordinación, financiamiento y una visión de largo plazo que no dependa de ciclos sexenales.
El panel también abordó el costo real de la modernización. Padilla estimó que México necesitaría al menos 100 mil millones de pesos anuales para operar, renovar flota y evitar que los usuarios absorban el impacto económico, cifra que contrasta con los recursos actualmente disponibles.
Desde la cooperación alemana GIZ, Johanna Wysluch subrayó que la transición energética debe contemplar todo el ciclo de vida de los vehículos, incluido el reciclaje y la segunda vida de baterías, para evitar que la adopción tecnológica genere nuevos pasivos ambientales.
En el balance, los participantes coincidieron en que la brecha entre los discursos gubernamentales y los presupuestos asignados sigue creciendo. Mientras el país habla de modernización, el sector opera con limitaciones que impiden acelerar la transición. El llamado final fue claro: México necesita instituciones más fuertes, políticas consistentes y una estrategia conjunta que coloque al autotransporte a la altura de los desafíos actuales.
