La escena posee algo de ironía histórica. Miles de maestros de la CNTE bloquean avenidas estratégicas, toman casetas de peaje, irrumpen en oficinas públicas y amenazan con alterar el ambiente festivo del Mundial de la FIFA 2026, a solo unos días de su inauguración en el Estadio Azteca.
Del otro lado del tablero no se encuentra un gobierno conservador ni un presidente de corte neoliberal; está una administración de izquierda que durante años acompañó muchas de esas causas, compartió plazas públicas y convirtió el pliego petitorio magisterial en su propia bandera política.
Y, sin embargo, el conflicto político en la Ciudad de México escala. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no está peleando contra el fantasma de Felipe Calderón; está midiendo fuerzas directamente contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí reside la verdadera dimensión de esta crisis de gobernabilidad.
Durante casi dos décadas, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 se consolidó como una de las principales exigencias del magisterio disidente.
Aquella reforma modificó sustancialmente el régimen de pensiones, trasladando a millones de trabajadores del Estado a un esquema de cuentas individuales o Afores.
Desde entonces, miles de maestros observan con profunda preocupación cómo se acerca el retiro, solo para descubrir que la pensión prometida ya no existe en los términos solidarios que conocieron sus padres.
Sería mezquino negar que detrás de la movilización social existe una causa legítima. La discusión sobre el futuro de las pensiones públicas en México no es una ocurrencia coyuntural ni un capricho sindical; es un debate estructural real que atraviesa a millones de empleados públicos.
El propio movimiento que hoy gobierna el país alimentó durante años esa inconformidad social y prometió revisar un modelo económico que consideraba profundamente injusto.
Entonces ¿qué ocurre cuando una promesa de campaña tropieza de frente con la rigidez de una hoja de cálculo? La respuesta suele ser cruel. Las consignas políticas tienen una elasticidad infinita; el presupuesto de egresos, no.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que una derogación completa de la normativa del ISSSTE tendría consecuencias fiscales de una magnitud insostenible.
No se trata de una ruptura ideológica, sino de cruda matemática financiera. Son compromisos pensionarios acumulados durante décadas; recursos que tendrían que salir de las arcas públicas e inevitablemente competirían con el gasto en programas sociales, infraestructura, salud o la propia educación pública.
Gobernar el país, y particularmente la capital, conlleva una pedagogía brutal.
Mientras la oposición promete sin costos, el gobierno calcula; mientras la oposición denuncia injusticias, el gobierno firma los cheques; mientras la oposición moviliza emociones, el gobierno descubre los límites reales del erario.
Quizá por ello las mesas de diálogo instaladas con la Secretaría de Gobernación (Segob), la SEP y el ISSSTE parecen girar en un bucle sin salida.
Funcionarios clave como Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado y Martí Batres, pueden ofrecer mecanismos complementarios, ajustes administrativos o nuevas rutas de negociación institucional.
Lo que no pueden hacer es fabricar un margen presupuestario que sencillamente no existe.
Sin embargo, reconocer la legitimidad de una demanda laboral no obliga a justificar cualquier método de presión para impulsarla.
Las imágenes de las últimas semanas en la capital hablan por sí mismas: oficinas públicas vandalizadas, monumentos históricos dañados y bloqueos viales que paralizan una metrópoli donde millones de personas intentan simplemente llegar a sus centros de trabajo, escuelas o regresar a casa.
Mientras la dirigencia magisterial presiona a Palacio Nacional, los costos de la protesta los terminan pagando los ciudadanos de a pie, ajenos a la negociación.
Aquí emerge una pregunta que la izquierda mexicana nunca tuvo necesidad de responder mientras habitaba en la oposición: ¿puede un gobierno democrático permitir que una causa legítima se transforme en una licencia permanente para paralizar la capital del país?
La respuesta, bajo ninguna circunstancia, debería ser la represión. México conoce demasiado bien las heridas profundas que deja el uso arbitrario de la fuerza pública. Pero la alternativa tampoco puede ser la renuncia absoluta a ejercer el Estado de derecho.
Max Weber definía al Estado como la institución que ostenta el monopolio legítimo de la violencia física. En esa célebre premisa, la palabra clave no es fuerza, sino legítimo. La autoridad democrática no consiste en golpear más fuerte que los disidentes, sino en garantizar que el ejercicio de los derechos de un sector no cancele las libertades y derechos humanos de los demás.
Durante años, la izquierda denunció que el viejo régimen utilizaba el aparato estatal para aplastar conflictos sociales. Hoy enfrenta un dilema mucho más complejo: ¿cómo actuar cuando quienes bloquean la CDMX son sus propios aliados históricos?
Hannah Arendt escribió que la autoridad desaparece por completo cuando ya no es capaz de persuadir y tampoco se atreve a actuar.
La sentencia parece calcada para el momento político actual. El gobierno federal no logra convencer a la CNTE, pero tampoco está dispuesto a imponer límites claros en la vía pública.
Entre la parálisis y la omisión, aparece una zona gris donde la gobernabilidad comienza a evaporarse lentamente.
Para la administración local y federal, el calendario se ha convertido en un adversario más peligroso que la propia oposición partidista. Mientras las negociaciones en las mesas de trabajo se prolongan, el Mundial de la FIFA de este año está encima.
La Ciudad de México busca proyectar una imagen de modernidad, seguridad y capacidad organizativa ante miles de millones de espectadores en todo el planeta.
Sin embargo, a las puertas de la inauguración, la conversación pública digital y los titulares internacionales giran alrededor de caos vial, plantones en el Zócalo, confrontaciones y un conflicto político que nadie parece capaz de desactivar.
La CNTE ha colocado al oficialismo frente a un espejo sumamente incómodo. Le recuerda las promesas formuladas cuando gobernar era un horizonte lejano; le exige cumplir compromisos construidos desde el cobijo de la protesta, y exhibe una verdad incómoda que todo gobernante descubre tarde o temprano: que las finanzas públicas son mucho menos ideológicas de lo que desearían los políticos.
NOCAUT.
Esta encrucijada en la capital mexicana no es el único frente abierto para el partido en el poder; una batalla paralela se desarrolla silenciosamente en el norte del país, específicamente en Coahuila.
No se trata únicamente de una elección local o de la renovación de alcaldías; se trata de una medición real de la temperatura política en un momento de especial vulnerabilidad para Morena.
La presión geopolítica proveniente de Estados Unidos, los constantes señalamientos de seguridad que buscan desgastar al oficialismo y el desgaste natural de casi ocho años de proyecto político en el poder federal han comenzado a erosionar una parte del capital político masivo construido desde el triunfo de 2018.
Por ello, el resultado electoral en Coahuila importa más de lo que sugieren los analistas tradicionales. No porque vaya a reconfigurar el mapa geopolítico inmediato del país, sino porque funcionará como un laboratorio para observar si la nueva narrativa de la soberanía nacional conserva la tracción suficiente para contener el desgaste de la vieja y comprometida bandera de la honestidad.
Las urnas rara vez explican por sí solas la complejidad de una época, pero siempre revelan con precisión matemática cuándo el sentido común de una sociedad comienza a cambiar.
