La Guardia Nacional no es la respuesta

Mi amigo

La Guardia Nacional. La violencia aprieta. Entre el 12 y el 14 de agosto fueron asesinadas 196 personas.

No es el fin de semana de mayor incidencia de homicidios.

Hay otros más elevados, como aquel del 20 al 22 de mayo donde murieron 266 personas, pero sí el que causó más impacto.

Esto es así, porque los bandidos decidieron montar operativos de resonancia.

Incendiaron comercios y dispararon contra civiles en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Michoacán y Baja California.

Por momentos pareciera una acción concertada, aunque los datos indican que cada evento responde a situaciones concretas.

Es fácil sucumbir a las teorías complotistas, de uno y otro lado del espectro.

Quizá porque es más duro aquilatar lo que está ocurriendo y que ya muestra un deterioro de la seguridad pública más que alarmante.

Por si ello fuera poco, esta dinámica criminal, que irrumpe para causar zozobra en la sociedad, se da dentro de la polémica por el anuncio del presidente López Obrador de su determinación de trasferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y de proponer que la colaboración de la Fuerzas Armas en tereas de combate a los delitos sea constante, haciendo a un lado el transitorio que contemple que la Armada Permanente vuelva a los cuarteles en marzo de 2024.

Al margen del destino que tengan las propuestas presidenciales, lo cierto es que las cosas no están funcionando.

La ayuda de los soldados en tareas de seguridad pública es indispensable, porque las policías de los estados no pueden hacer frente al poderío del crimen organizado.

Y las corporaciones locales menos aún, pero también porque desde 2021 se canceló el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad, lo que afectó a 286 municipios y en particular a sus policías.

La Guardia Nacional y sus yerros

Con la idea de ahorrar o de controlar la corrupción, que nunca es denunciada ante la autoridad competente, se dejó a la ciudadanía al garete.

Pero aunado a ello, es evidente que la Guardia Nacional militarizada no es la solución, por la sencilla razón de que ya lo es, y los resultados están a la vista.

Esto es así porque vamos a contrapelo de los países que sí tienen esquemas de seguridad ciudadana eficientes, donde una de las características es la conformación civil de las corporaciones.

Esto se advirtió desde que quedó clara la intención – ahora ya consumada– de desarticular a la Policía Federal, que fue el esfuerzo de construcción institucional más prolongado de nuestra historia en términos policiales.

Este error le está saliendo muy caro a nuestro país y la retórica sobre la supuesta descomposición de la PF cada día tiene menos eficacia, porque no se conocen de indagatorias contra los supuestos corruptos, y porque la estrategia de abrazos y no balazos está haciendo agua por todos lados.

Entre los países que tienen la seguridad en manos de los militares se encuentran Colombia, Arabia Saudita, Corea del Norte, Tailandia, Yemen, Angola, Nicaragua, Irán, Chad y Siria. El listado es bastante elocuente.

En un análisis de Víctor Manuel Sánchez Valdés, en Nexos (enero de 2019), queda muy claro el contraste con estados que han optado por las estructuras civiles y que muestran bajas tasas de inseguridad como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Reino Unido.

¿Qué hacer? Hacerse cargo de lo que está ocurriendo y voltear al mundo, tomar nota de lo que funciona y corregir lo que se tenga que corregir.

No hacerlo es adentrarnos en una caverna de la que será muy difícil salir.


Publicado en Forbes, 16 de agosto de 2022. 

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