La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una indagatoria formal contra Ana María Castro Fernández, actual presidenta municipal de Tultitlán, y contra la diputada local Elena García Martínez, por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos y por posibles vínculos de nepotismo entre ambas administraciones.
Según la carpeta de investigación TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investiga operaciones relacionadas con adjudicaciones directas, uso político del poder público y desvío de recursos a través de una asociación civil.
La investigación fue solicitada por vecinos de las colonias Fimesa 1, 2 y 3, quienes acusan que durante la gestión de García Martínez se entregaron 38.5 millones de pesos a la organización Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C., con el fin de adquirir terrenos ejidales sin respaldo de escrituras legales.
De acuerdo con los testimonios de los denunciantes, la compra incluyó 27 hectáreas en la zona de San Francisco Chilpan y fue realizada sin regularizar jurídicamente los predios.
También se reportó un pago adicional de cinco millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho), sin que hasta la fecha se haya garantizado la legal tenencia de la tierra por parte de los colonos.
Los vecinos también alertaron sobre una propuesta para modificar el nombre de la colonia a “Cuarta Transformación”, medida que consideran como un intento por cambiar el marco legal del asentamiento y, con ello, obstaculizar la protección jurídica de sus viviendas.
Ana María Castro asumió la presidencia municipal en enero de 2025. En ese periodo, según reportes publicados por medios de comunicación, el gobierno local ha otorgado contratos por 72.7 millones de pesos a través de procedimientos señalados como asignaciones directas o licitaciones en las que participó un único proveedor.
El vínculo familiar entre Castro y García ha sido uno de los principales puntos de observación. Elena García promovió la candidatura de su cuñada a la presidencia municipal y, de acuerdo con testimonios locales, al menos tres familiares directos de la actual alcaldesa laboran dentro del gobierno municipal.
Las denuncias también llegaron al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y a la Contraloría estatal en Naucalpan. En ambos casos se solicitó la revisión del manejo financiero del Ayuntamiento durante las gestiones de ambas funcionarias.
Sectores empresariales señalaron que la administración local enfrenta deficiencias en transparencia y trámites administrativos. De acuerdo con comerciantes locales, estos factores han limitado la llegada de nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, en una demarcación donde más del 40% de la población vive en situación de pobreza.
La inseguridad continúa como uno de los temas prioritarios. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que el 87.3% de la población del Estado de México percibe su entorno como inseguro. Tultitlán figura entre los municipios más señalados en este indicador.
Autoridades cercanas a la investigación confirmaron que ya se solicitaron auditorías y peritajes técnicos para rastrear el destino de los recursos municipales durante los años fiscales 2023, 2024 y lo que va de 2025.
