El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, confirmó este martes una iniciativa sin precedentes: quienes han ocupado viviendas del instituto de forma irregular —aproximadamente 145,000 inmuebles— podrán regularizar su situación mediante un esquema de renta con opción a compra, sin enfrentar desalojo, siempre que no existan denuncias legales vigentes.
La medida contempla contratos accesibles a precios “económicos”, pensados para que en un periodo de cuatro a cinco años, los ocupantes puedan convertirse en propietarios definitivos.
Romero explicó que la meta es poner fin al abandono y garantizar el acceso a una vivienda digna, sin recurrir a desalojos forzosos. 
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que esta estrategia no aplicará en casos con carpeta de investigación por despojo: quienes estén en proceso legal no podrán beneficiarse del programa. 
De acuerdo con datos del propio Infonavit, de las 843,000 viviendas problemáticas detectadas —entre morosidad o abandono—, se han censado más de 168,000; de ellas, 145,000 están actualmente ocupadas irregularmente, mientras 23,000 permanecen vacías o vandalizadas. 
Críticos del programa advierten que esta política puede ser interpretada como un premio a la ilegalidad, pues condona faltas formales e incentiva invasiones de propiedades vacías.
Dirigentes del PRI expresaron su profunda preocupación, señalando que esta decisión podría desencadenar una ola de ocupaciones ilegales. 
El esquema forma parte del programa denominado Regeneración Comunitaria Infonavit, con enfoque en la rehabilitación de viviendas y la reactivación urbana en zonas periféricas que sufren abandono y falta de servicios. 
Según el gobierno federal, la política busca resolver el déficit habitacional y atender la demanda social por vivienda, en línea con los principios de la administración actual.
Sin embargo, el temor sobre su impacto en el derecho a la propiedad legal y posibles conflictos sociales permanece latente.
