La licitación federal de vales de despensa, uno de los contratos más relevantes del cierre de año para la administración pública, quedó bajo revisión tras la presentación de una inconformidad contra la empresa adjudicada, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La dependencia confirmó que mantiene en análisis el procedimiento mediante el cual fue asignado el contrato a Servicios Broxel, luego de que una de las firmas participantes activara los mecanismos legales previstos en la normatividad de contrataciones públicas.
En un comunicado, la Secretaría detalló que la inconformidad fue presentada por Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V., al señalar que Broxel no habría registrado los precios unitarios en su propuesta económica, un elemento obligatorio dentro del proceso licitatorio.
La licitación, identificada como LA-06-400-006400001-N-19-2025, fue organizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 28 de noviembre, con el objetivo de suministrar vales electrónicos de despensa como prestación de fin de año para el ejercicio fiscal 2025.
De acuerdo con la información oficial, el contrato contempla la atención de 206 instituciones federales, con una vigencia del 8 al 31 de diciembre de 2025, y un monto que oscila entre 7 mil 345 millones y 10 mil 338 millones de pesos.
La Secretaría Anticorrupción recordó que el procedimiento de inconformidad permite a los participantes señalar posibles irregularidades, mismas que son evaluadas conforme a los plazos y etapas establecidos en la ley.
El caso tomó mayor visibilidad luego de que, el 23 de diciembre, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se expusiera que Broxel habría sostenido que la bonificación total establecida en el fallo no era viable como esquema de negocio, lo que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las condiciones aprobadas.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro dar a conocer el estado que guarda la revisión del proceso y las determinaciones correspondientes.
La Secretaría Anticorrupción reiteró su compromiso con la legalidad e integridad en las compras públicas y advirtió que el incumplimiento o el engaño en los procedimientos de contratación conlleva consecuencias conforme a la ley.
