La dirigencia y diputados del Movimiento Ciudadano presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la llamada “cláusula de vida eterna” que aprobó Morena en beneficio del PT y PVEM.
Con la impugnación, el llamado “movimiento naranja” busca combatir las reformas del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la CDMX.
LA CLÁUSULA
La “cláusula de vida eterna” permite que en el 2024 Morena le transfiera los votos necesarios al PT y PVEM para mantener el registro y el financiamiento público.
Para el MC, esa cláusula genera ambigüedad e incertidumbre al incurrir en violaciones y marginación de los derechos político electorales de partidos minoritarios y candidatos.
“Los incisos impugnados son inconstitucionales ya que en las Acciones 49/2014 y su acumulada 82/2014, se determinó que las reformas para permitir la distribución de votos dentro de las candidaturas comunes y partidos coaligados excede lo previsto en la Constitución.
INCONSTITUCIONALIDAD
“Además, se invaden facultades del Congreso de la Unión, único que puede hacer modificaciones en este rubro en el país”, indica el documento signado por la dirigencia nacional de MC.
El recurso, añade que las modificaciones también son violatorias a los principios constitucionales del voto, así como el de certeza en cuanto a la voluntad del elector, además de representar un fraude a la ley, que distorsiona el sistema de partidos políticos y un abuso de derecho.
De igual manera, se contrapone a lo establecido en el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto a que cada uno de los partidos políticos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral y que, en ningún caso, se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición.
“La entrada en vigor de dichos artículos representan una ambigüedad e incertidumbre ya que su redacción es incierta respecto al ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las personas.
“Existe una clara violación del principio de legalidad, ya que permite que las personas sean afectadas por medidas y sanciones sin que exista una base clara y precisa que las justifique”, argumenta el recurso legal.
Así, el MC añadió que de cumplimentarse dichas reformas, estos artículos generarían barreras al acceso igualitario de los derechos político-electorales, con exclusión injustificada y discriminatoria también a los grupos minoritarios.
Ello generaría un impacto negativo en la participación política de éstos, quienes han sido históricamente marginados.
