Al menos 149 vehículos de utilizados por personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) para labores jurisdiccionales, principalmente de riesgo, operan sin garantía de protección al personal asignado.
Jueces, magistrados, personal de la dirección general de Gestión Administrativa, Centros de Justicia Penal y funcionarios de mando superior, quienes por la naturaleza de sus funciones se sitúan en un entorno de riesgo, han tenido bajo su tutela vehículos blindados para permitirles desempeñar sus actividades jurisdiccionales de manera adecuada.
No obstante, desde diciembre del 2022 sus vehículos rebasaron la garantía otorgada por los proveedores, por lo que llevan a cabo sus operaciones con grandes riesgos de seguridad.
Además, de acuerdo con distintas normas nacionales e internacionales, la vida útil de un blindaje es limitada, por lo que su efectividad, para resistir embates de la delincuencia, disminuye por el uso del vehículo, cambios de temperatura y por el paso del tiempo.
Hay al menos 149 vehículos del PJF obsoletos y sin garantía de protección
Los modelos de dichos vehículos oscilan entre los años 2010 y 2017, cuyas garantías habituales van entre los cinco años para blindaje opaco (partes internas como postes, techo, puertas) y tres años para el transparente (cristales, generalmente de polímero), por lo que todos los vehículos blindados del PJF se encuentran fuera de la norma y al poner en riesgo su eficacia y resistencia balística ante un eventual ataque.
Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha acatado los acuerdos en materia de austeridad y retiro de medidas de seguridad a servidores públicos, al disminuir las unidades blindadas de 234 vehículos en 2019 a 149 en 2022, mismas que no necesariamente cumplen su función de manera adecuada respecto a la durabilidad de los materiales, mecánicas, y, específicamente, de protección.
Cabe destacar que el costo-beneficio en caso de rehabilitar el parque vehicular, por regla general se establece un periodo de vida útil de cinco años y un porcentaje de depreciación del 20 por ciento anual, lo cual supera los parámetros razonables para el reacondicionamiento.
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