Habrá más cárcel por tala clandestina; en el Ajusco la depredación está imparable

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Alberto Cuenca Reportero en Capital CDMX

Mientras diputados locales presumían una reforma al Código Penal promovida por Martí Batres, para sancionar con más cárcel la tala clandestina, en el suelo de conservación del Ajusco la depredación del bosque está imparable.

Capital CDMX recorrió el fin de semana el parque nacional Cumbres del Ajusco.

A la altura del kilómetro 17.5 de la carretera Picacho-Ajusco se pudo constatar la actividad reciente de talamontes, quienes al lado de la vialidad  ya habían dejado enormes troncos listos para levantar.

Se apreciaban los tocones recién talados, así como caminos abiertos para dejar paso a los camiones que clandestinamente llegan a recoger la madera.

Esta actividad de tala clandestina se detectó  a escasos kilómetros y medio de donde se encuentran unas instalaciones de la Guardia Nacional.

En ese punto de la carretera Picacho Ajusco, cercano a un sitio conocido como El Abrevadero, los talamontes generaron una grave afectación a decenas de árboles adultos, entre los que se encontraban pinos, cedros y abetos.

Esta depredación reciente se suma a más sitios que ha documentado Capital CDMX, en donde los talamontes mantienen una intensa actividad, todo ello dentro del parque nacional Cumbres del Ajusco.

Aunque la Secretaría del Medio Ambiente asegura que en esos sitios realiza campañas de reforestación, no se observó ninguna tarea de recuperación del bosque.

Así,  todos los sitios donde hubo tala se encuentran ya sin árboles.

LA REFORMA

Este 3 de octubre el pleno del Congreso capitalino aprobó modificaciones al artículo 345 bis y adiciones al artículo 346 bis del Código Penal local.

Con la reforma se aumentan las sanciones a quien derribe, tale, destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles.

También tipifica el transporte, comercio, acopio, almacenamiento y transformación de árboles; y actualiza la unidad de medida para la imposición de las multas.

Así se establece que quien de forma ilegal o con dolo derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles en un área natural protegida, un área de valor ambiental, una barranca o en suelo de conservación, se le impondrá de seis a 20 años de prisión.

También deberá pagar de seis mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización vigente.

Para quien ilícitamente comercie, acopie, almacene, transforme o distribuya madera en rollo, astillas, carbón vegetal o cualquier otra materia prima forestal, será la misma pena privativa de libertad.

Además de una sanción de 10 mil a 15 mil Unidades de Medida.

MÁS SANCIONES

Las penas incrementarán a la mitad en caso de que la persona sea servidora pública o beneficiaria de programas sociales de protección al medio ambiente.

Las sanciones descritas aplicarán y se considerarán como ecocidio, para quienes provoquen la destrucción, pérdida total o daño irreparable a un ecosistema que abarque una superficie de cuando menos diez hectáreas.

También cuando la afectación a un ecosistema dure al menos cuatro meses; así como cuando se provoque daño a un ecosistema donde habite o exista una especie endémica o en peligro de extinción.

Además, cuando se cause la contaminación del agua y el suelo por vertidos químicos o se realice la emisión de contaminantes que afecten al aire.

DISCURSOS Y MÁS DISCURSOS

 Al presentar el dictamen de reforma, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero (MORENA), informó que los talamontes cortan en promedio 400 árboles diarios.

Agregó que según estimaciones del año 2019, los talamontes arrasaron con 200 mil ejemplares.

Agregó que expertos de la UAM en derecho ambiental y sustentabilidad señalan que la tala inmoderada en diversas zonas provoca un grave daño ecológico.

Esto al afectar los principales pulmones de la capital y atentar contra los 10 acuíferos de la megalópolis que proveen cerca del 70 por ciento de agua potable que consumen los capitalinos.

NO ES SUFICIENTE

La reforma se aprobó con 48 votos a favor de legisladores de todos los partidos y el voto en contra del diputado de Movimiento Ciudadano Royfid Torres.

Expuso que elevar las penas punitivas no resuelve este problema de fondo y por ello calificó la reforma como insuficiente.

Dijo que según datos de la Fiscalía de Justicia capitalina, al 7 de julio de 2023 únicamente había vinculadas 17 personas por el delito de tala ilegal.

Acusó que la reforma no establece una ruta para mejorar suelos donde hubo tala y  se criminaliza la pobreza, porque se va a detener a quienes comercializan la madera y no necesariamente son ellos los culpables de la tala ilegal.

“No se está pensando en una solución de fondo, sino en esconder la sociedad debajo del tapete”, fustigó.

RESERVA AL DICTAMEN

Durante la discusión del dictamen se aprobó una reserva al artículo 345 bis presentada por la diputada Nancy Núñez Reséndiz (MORENA).

Con la reserva se suprime la fracción quinta del tipo penal de ecocidio, toda vez que la misma pretende hacer punible la conducta de realizar la emisión de contaminantes que afectan al aire. 

“Tal redacción dejaría en estado de incertidumbre jurídica -al ser tan escueta- a los destinatarios de la norma, al no establecer un parámetro que determine la conducta que se sanciona”, dijo la legisladora.

Además, la congresista explicó que esta conducta ya se encuentra sancionada por la vía administrativa y de manera más específica.

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