En las últimas dos décadas 460 mil familias de bajos ingresos han sido expulsadas de la CDMX, en una emigración forzada debido a la gentrificación que propició la especulación inmobiliaria.
El encarecimiento del suelo, la oferta de nueva vivienda enfocada al sector medio y residencial, así como la ausencia de alternativas para producir vivienda social, son algunos de los problemas que han provocado la expulsión de 23 mil familias en promedio al año durante las últimas dos décadas.
Ese sórdido escenario es parte de un diagnóstico integrado al nuevo proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) que el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó sorpresivamente el pasado lunes.
VIVIENDA Y HÁBITAT
Dentro del proyecto del PGOT y en un apartado que se titula “Vivienda y hábitat”, se reconoce que el número de viviendas creció a un ritmo constante, de 31 mil 250 por año en el periodo que va de 2000 a 2020.
No obstante, esa vivienda se enfocó a cubrir la demanda de una población de clase media y alta.
Al 2020 había 3 millones 36 mil viviendas, pero existe un rezago habitacional, pues 45.6 por ciento de la población habita inmuebles precarios y un 20 por ciento habita en espacios con altos niveles de hacinamiento.
En materia de seguridad de la tenencia, solo 55.5 por ciento de las viviendas son propias y el resto son rentadas, están prestadas o en proceso de pago, intestadas o en litigio.
De acuerdo con el diagnóstico que se presenta en el proyecto del PGOT, todos estos escenarios han agravado la expulsión de población y alientan la ocupación irregular del suelo de conservación o zonas de alto riesgo.
ASENTAMIENTOS IRREGULARES
Aunque en el documento se habla de asentamientos irregulares, no se ofrece un diagnóstico sobre su número, la cantidad de hectáreas de suelo de conservación que ocupan, el grado de consolidación que presentan, la antigüedad de éstos o el impacto ambiental que generan.
Lo que sí incluye el proyecto del PGOT es un plan para establecer mecanismos de regulación, atención, mitigación, control o reubicación de esos asentamientos.
Para ello se considerará su situación de irregularidad, el grado de consolidación y riesgo, impacto ambiental y características del territorio.
A ese plan se le denominó Objetivo Estratégico 8 y contempla la regulación de asentamientos que se encuentran determinados en los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano o en los Programas de Ordenamiento Territorial de las demarcaciones, cuyos riesgos sean mitigables y no se encuentren en zonas de alto valor ambiental.
Para ello se actualizarán los Programas de Ordenamiento Territorial de las alcaldías, con delimitación territorial, conteo poblacional, identificación de infraestructura y equipamientos, antigüedad y grado de consolidación de cada asentamiento irregular.
Una vez actualizados los Programas de las alcaldías se crearán “Mecanismos de permanencia responsable de Asentamientos Humanos Irregulares”, para identificar aquellos que no sean aptos para regularizarse o reubicarse.
Los que sí tengan opción a regularizarse deberán cumplir condiciones especiales para proveerse de servicios básicos mediante ecotecnologías y la no ampliación de la superficie construida sobre el predio ocupado.
BOLSA DE SUELO
El nuevo proyecto del PGOT que preparó el gobierno de Sheinbaum plantea que la producción de vivienda social será una política prioritaria en beneficio de los sectores más desprotegidos, a través de programas de edificación, de vivienda en renta, gestión de cooperativas y esquemas de financiamiento público “de suelo seguro y barato”, se lee.
Para ello, en el documento se habla de aumentar las reservas territoriales públicas para la construcción de proyectos de interés público en materia de vivienda, espacio público e infraestructura física.
La administración capitalina ya tiene ubicados predios que crearán esa reserva territorial.
El objetivo es crear una Bolsa de Suelo, propiedad de la Ciudad de México, en zonas que cuenten con infraestructura y dotación de servicios básicos para disminuir la especulación inmobiliaria y controlar el incremento del valor del suelo.
Además, se plantea regenerar y rehabilitar zonas específicas de la ciudad que puedan considerarse como espacios públicos de reserva territorial.
También se reutilizarán predios de propiedad del Gobierno de la CDMX para la construcción y/o desarrollo de vivienda de interés social y popular, así como para equipamiento público.
El plan del GobCDMX es conformar un censo de predios desocupados o en desuso de acceso abierto y actualizado.
Esto en base a Planes Maestros en predios que requieran definición de usos, destinos y reservas del suelo para minimizar el impacto urbano y ambiental.
Se hará un monitoreo permanente de cambios de uso de suelo de bajo y alto impacto, y se propone un Observatorio público del precio del suelo y la vivienda de la CDMX, así como la desregulación administrativa y normativa (mejora regulatoria) en zonas prioritarias para aumentar las reservas territoriales.
Según esa estrategia, las reservas del gobierno no serán usadas con fines de lucro.
RESERVA TERRITORIAL
Un mapa que acompaña a esta estrategia, identificada como Objetivo Estratégico 7, ubica en color rojo las zonas prioritarias para aumentar las reservas territoriales y crear esa Bolsa de Suelo de la CDMX.
Las reservas territoriales identificadas se localizan en la zona industrial de Vallejo, en la parte central de la alcaldía Gustavo A Madero, en toda el área norte y central de la alcaldía Cuauhtémoc, en la parte alta (poniente) de la alcaldía Álvaro Obregón.
También en las zonas de Topilejo y Parres de la alcaldía Tlalpan, en un corredor que parte de la alcaldía Iztacalco hacia Iztapalapa partiendo de la zona del Eje 3 Oriente, así como una extensa área de Xochimilco que abarca el centro de la demarcación.
¿NUEVAS INSTITUCIONES?
Así, el proyecto del PGOT habla de nuevas instituciones enfocadas a orientar el desarrollo de vivienda social.
“La Ciudad contará con un Banco de Suelos y una Corporación Pública que amplíe el acceso de las familias de menores recursos a la vivienda social y popular permitiendo así la reversión de la tendencia de expulsión de población a la ZMVM”, se lee.
De acuerdo al documento, se impedirán los proyectos de edificaciones de alto impacto territorial que no tengan aceptación entre la población, donde no exista factibilidad hídrica y acorde a las zonas para prevenir y mitigar riesgos.
Todos los proyectos de grandes construcciones serán consultados con los vecinos habitantes del área de influencia del proyecto.
En caso de identificar susceptibilidad de afectación de derechos de pueblos indígenas se deberá proceder a un proceso de consulta indígena para salvaguardar tales derechos, se asegura.
¿Y LOS RESULTADOS?
Este nuevo PGOT destaca que el gobierno de Sheinbaum ha promovido programas de vivienda incluyente entre 2019 y 2022.
Se mencionan el Programa de Vivienda en Conjunto, el Programa de Mejoramiento de Vivienda, el Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario Tequio Barrio que desarrolla Senderos Seguros y proyectos comunitarios.
También se habla de la Ciudad del Bienestar, el Programa de Regeneración Urbana de Atlampa y el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente.
No obstante, en ninguna parte del documento se da cuenta cuáles han sido hasta el momento los resultados de esos programas.
No se menciona en ninguna línea cuánta vivienda incluyente se ha creado ni en dónde.
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