Con la designación de Emilia Esther Calleja Alor como próxima directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), varios altos funcionarios de su círculo cercano intentan asegurar su permanencia en la empresa, pese a estar implicados en denuncias de corrupción, acoso laboral y otras irregularidades.
Entre estos funcionarios se encuentran Adrián Olvera Alvarado, Rubén Cuevas Plancarte y Luis Bravo Navarro, quienes han sido señalados en diversos casos.
Adrián Olvera Alvarado, actual director general de la Empresa Subsidiaria de Generación V, enfrenta acusaciones de mal manejo de crisis de apagones, además de denuncias de acoso laboral y sexual desde 2020. A pesar de estos señalamientos, Olvera busca un ascenso en la próxima administración, gracias a su relación cercana con Calleja Alor, a quien le habría hecho favores, como la contratación de su esposo en un cargo sin experiencia.
Por otro lado, Rubén Cuevas Plancarte, director corporativo de Administración, es acusado de chantajear a otros funcionarios y proveedores mediante la grabación de conversaciones privadas. Supuestamente, Cuevas habría solicitado grandes sumas de dinero para facilitar reuniones con el director saliente de la CFE, Manuel Bartlett.
Funcionarios señalados por corrupción y acoso buscan mantenerse en la CFE
Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa, también busca conservar su posición, a pesar de los señalamientos en su contra por presuntamente disfrutar de lujos pagados por proveedores y liderar campañas publicitarias de dudosa efectividad y alto costo.
Las acusaciones no solo recaen sobre estos funcionarios. La propia Emilia Calleja Alor ha sido denunciada, junto con Gerardo Gallardo Gutiérrez, por crear un entorno laboral hostil en la Central Termoeléctrica Salamanca, lo cual habría puesto en peligro la salud de una empleada embarazada.
Ante la presión y las críticas, la CFE emitió un comunicado calificando estas acusaciones de infundadas y parte de una campaña de desprestigio. Sin embargo, documentos revisados en plataformas de transparencia y denuncias oficiales ante la CNDH y la Función Pública confirman la existencia de quejas formales contra estos funcionarios, lo que pone en duda su continuidad en la CFE durante la nueva administración.
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