En la Ciudad de México predomina la impunidad por actos de corrupción y muestra de ello es que en 2023 se registraron 799 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero de ellas solo 5.8 por ciento fueron judicializadas.
El asunto no para ahí, pues de esas carpetas judicializadas ninguna llegó a sentencias condenatorias.
Estos datos fueron recabados por la organización TOJIL, una asociación civil decidida a combatir la corrupción y la impunidad.
Hoy la cofundadora de TOJIL Adriana Greaves Muñoz ventiló estos datos ante diputados de los distintos partidos que integran la Comisión de Justicia del Congreso de la Ciudad.
Adriana Greaves es candidata a dirigir la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad en sustitución del morenista Rafael Chong, y acudió a su entrevista de evaluación con los legisladores.
Fue ahí donde la cofundadora de TOJIL habló de la alta impunidad ante la corrupción que prevalece en la CDMX e incluso dejó entrever la inacción de las autoridades salientes.
“Un 55 por ciento de los casos que acabo de mencionar fueron archivados temporalmente, lo que indica que faltan determinaciones y soluciones dentro de la Fiscalía”, acusó en el mismo Congreso.
Greaves Muñoz explicó que estos datos surgen de un Observatorio Ciudadano Anticorrupción creado por TOJIL, para hacer un análisis del desempeño de las Fiscalías Anticorrupción a nivel estatal y federal en el año completo de 2023 y el primer semestre de 2024.
PLAN DE TRABAJO
Con estos datos, la candidata a fiscal les expuso a los diputados: “No hace falta decir que vamos a partir de cero con las nulas sentencias y mi compromiso es lograr sentenciar y bajar la corrupción”.
Así, Adriana Greaves enfatizó que su plan de trabajo está centrado en darle un enfoque ciudadano a la Fiscalía especializada.
Sobre su plan de trabajo, destacó que es necesario crear protocolos de investigación con los cuales no se cuenta, como entregas vigiladas y operaciones encubiertas.
Explicó que los delitos de corrupción son complejos, con muy buena organización por parte de quienes los cometen y por ello se necesita la misma complejidad en las técnicas de investigación.
Recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé el uso de esos modelos de investigación, como las entregas vigiladas y operaciones encubiertas, pero no se pueden echar a andar si no se tiene un protocolo adecuado.
También habló de los testigos colaboradores, con un componente de recompensa.
