En la Ciudad de México hay alrededor de 9 mil personas desaparecidas y las autoridades de la Fiscalía capitalina no han hecho nada para encontrarlas.
Con esa premisa y exigencia, familiares de personas desaparecidas realizaron un plantón este 15 de marzo en la sede de la Fiscalía de Justicia de la CDMX.
Ahí, como eje central de la protesta exigieron la renuncia de May Gómez Jiménez al frente de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (Fipede).
Acusaron que May González lleva un año en el cargo y desde entonces ha actuado con negligencia, en omisión, de forma indolente e ineficaz.
Jaqueline Palmeros, madre de la menor Jael Monserrat Uribe desaparecida desde 2020, acusó que cuando se han logrado reunir con el titular de la Fipede, el funcionario solo está atento a su celular y no los escucha.
LOS COLECTIVOS
En la movilización ante la Fiscalía, participaron los colectivos Mariposas Buscando Corazones y Justicia CDMX, Una Luz en Tu Camino, Buscándote con Amor y el grupo Hasta Encontrarles CDMX.
Ante la incapacidad mostrada por May Gómez, los integrantes de esos colectivos pretendían entregarle un escrito a la Fiscal General Ernestina Godoy.
Pero un asesor de la Secretaría Particular de la Fiscal les dijo que la funcionaria no estaba, pues se encontraba en un evento.
Luego les dijo que sí estaba en las instalaciones, pero atendía en ese momento una agenda de citas.
Después, el mismo funcionario salió a decir que Godoy no podría atenderles porque estaba enferma.
Lamentaron que la Fiscal sí tenga tiempo para rendir cada mes un informe sobre violencia de género, pero no dedique nada a atender a víctimas de desapariciones.
BLOQUEO
Por eso, los familiares de personas desaparecidas bloquearon por espacio de dos horas la avenida Arcos de Belem y la calle Gabriel Hernández.
También bloquearon uno de los accesos principales de la Fiscalía capitalina.
En la puerta de entrada pegaron cartulinas y pancartas en las que llevaban impresas las fotos de sus hijos, hijas, hermanos y padres desaparecidos.
Exigieron que entonces les atendiera la Coordinadora de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Laura Borbolla Moreno.
La funcionaria salió para recibir el documento, les escuchó enumerar las quejas contra May Gómez y les dijo escuetamente que el próximo 24 de marzo a las 12:00 horas les espera en una mesa de trabajo.
LA INCONFORMIDAD
Ante Laura Borbolla, la señora Jaqueline Palmeros enumeró las quejas contra el titular de la Fipede.
Lamentó que el funcionario no ha mostrado capacidad para resolver los casos de desaparición, sean de reciente suceso o de larga data.
Recordó que de 100 mil casos de desapariciones que hay en el país, 9 mil de están en la CDMX, pero las autoridades no quieren que se visibilice el problema.
Agregó que May Gómez no muestra voluntad ni capacidad para reconocer el derecho de coadyuvancia de las familias y los colectivos.
Por lo anterior la comunicación e intercambio de información se ve obstaculizada.
El fiscal tampoco muestra conocimiento real de los casos que se investigan en la dependencia que encabeza.
Por lo tanto, no participa en las mesas de trabajo de manera activa y no ofrece respuestas suficientes a las peticiones concretas de investigación y búsqueda que realizan las familias y colectivos.
Así, el funcionario manifiesta una actitud de desinterés en las reuniones de revisión de avances y falta de coordinación en los trabajos de investigación.
Jaqueline Palmeros lamentó que el mayor porcentaje del trabajo que se encomienda a Ministerios Públicos y Policías de Investigación consiste en la generación de oficios que no se concretan en acciones reales de investigación.
Fustigó que el titular de Fipede ha sido incapaz de transformar la atención deficiente a las denuncias, de tal forma que los protocolos respectivos de investigación y búsqueda se continúan aplicando a destiempo.
Cuando se trata de familias que no cuentan con ningún tipo de acompañamiento, la falta de atención y el retraso en el trabajo de investigación es todavía más notable, es decir, actúa discriminadamente.
En los trabajos de inteligencia no ha mostrado experticia, de tal forma que se continúa con investigaciones que carecen de exhaustividad y celeridad.
LA ESTULTICIA
Para los familiares de personas desaparecidas es desesperante observar que en diferentes ocasiones el fiscal May Gómez ha mostrado su desconocimiento de los protocolos que la misma Fipede debe de seguir.
Tampoco muestra comprensión de la importancia de la perspectiva diferencial en la investigación. Cuando se trata de desapariciones de mujeres, niñas, niños y personas menores de edad, minimiza la importancia de la perspectiva de género y de derechos humanos por las que deben regir su trabajo.
Normaliza la violencia a la que son susceptibles estas poblaciones, emite juicios de valor revictimizantes y, para el caso específico de mujeres, muestra total incompetencia para la activación de los protocolos y mecanismos acordes con la Alerta de Género.
Tampoco ha mostrado interés en capacitar y sensibilizar al personal de la Fipede en los distintos temas de interés para casos de desaparición.
Los familiares se han enfrentado, entre otras cosas, a la pérdida sustancial de evidencias, a inadecuadas cadenas de custodia y filtraciones de información que vulneran las investigaciones.
Las personas denunciantes experimentan un lenguaje violento, discriminatorio, que conlleva intimidación y que en nada aporta en la construcción de investigaciones oportunas.
El fiscal no hace valer el derecho de las víctimas a acceder a la carpeta de investigación y tener una copia en todo momento.
No existe una verdadera coordinación armónica entre la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda y la Comisión de víctimas, lo cual les perjudica directamente.
SIN COMISIONADO
Los integrantes de estos colectivos acusaron que en este momento no hay un titular en las Comisiones de Búsqueda y de Víctimas locales.
Ante aquellas omisiones consideraron que es su derecho contar con un titular de la FIPEDE a la altura de sus demandas.
Por todo lo anterior solicitaron se remueva, se inicie procedimiento de responsabilidad administrativa, así como el inicio de carpeta de investigación, por los delitos que puedan resultarle responsabilidad a May Gómez Jiménez.
También exigieron se concrete de manera urgente la Unidad de Análisis de Contexto de la que aún carece la FIPEDE.
