El panorama presupuestal para el Tribunal Electoral capitalino (TECDMX) no es nada halagüeño y menos porque en pleno año de comicios enfrenta un millonario pasivo laboral.
Ante diputados, Armando Ambriz Hernández presidente interino del Tribunal, acusó un déficit presupuestal.
Ello provocó dicho pasivo que asciende a 32 millones 460 mil 490 pesos.
En una reunión con la Comisión de Presupuesto del Legislativo, el magistrado explicó que por el déficit presupuestal no se ha podido dar aumento salarial ni compensaciones a los trabajadores por un periodo de cuatro años.
Además, se congelaron las plazas de las magistraturas vacantes para poder salir avante con la operatividad.
“Si tuviéramos, como tribunal, el dinero suficiente, le pagaríamos las liquidaciones a todo el personal, ya que es un derecho laboral que tenemos todos. El problema es que no podemos pagar”, dijo.
PRESUPUESTO PARA 2024
Ambriz dijo que para 2024 el TECDMX requiere un presupuesto por 529 millones 727 mil 800 pesos.
Esto representa un incremento real del 13 por ciento, equivalente a 72 millones 173 mil 832 pesos adicionales respecto del presupuesto autorizado para el año electoral de 2018.
DÉFICIT
En su exposición, recordó que desde hace seis años han recibido un presupuesto 30 por ciento menor a lo solicitado.
Así, lamentó, se ha tenido que trabajar con déficit presupuestal mediante la implementación de medidas para mitigar sus efectos, pero “no ha sido posible hacerlo de manera total”.
Agregó que se requiere contratación de nuevo personal, ya que con los comicios en puerta aumenta el número de asuntos que se tienen que atender.
Por ello están consideradas 56 plazas eventuales, de las cuales, 49 serían para las necesidades del proceso local 2023-2024 en apoyo a las ponencias, secretaría general y unidades especializadas y las siete plazas restantes para cubrir diversas necesidades.
En su mensaje final, Ambriz Hernández advirtió que de no autorizarse el presupuesto solicitado se complicaría la implementación del sistema de justicia electrónica.
Tampoco se podría cubrir el pasivo laboral que asciende a 32 millones de pesos, ni la sustitución total del equipo tecnológico, que ya es obsoleto.
No se podría ocupar en su totalidad la estructura orgánica de la institución, incluidas las magistraturas vacantes.
