El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este martes en su lista de entidades bajo vigilancia a tres instituciones financieras mexicanas, al sospechar que habrían facilitado operaciones de lavado de dinero a grupos del crimen organizado. Las investigaciones apuntan a una red de transferencias internacionales utilizadas presuntamente por cárteles para ocultar el origen ilícito de fondos.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), las instituciones señaladas habrían colaborado —intencionalmente o por negligencia— con operadores financieros ligados al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación. Las entidades aún no han sido oficialmente sancionadas, pero el señalamiento genera presión sobre el sistema financiero mexicano.
Uno de los aspectos más delicados es que, según fuentes citadas por medios estadounidenses, una de las redes de transferencia tendría vínculos indirectos con empresarios del norte del país. Extraoficialmente, se ha mencionado el nombre de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de López Obrador, como uno de los inversionistas de un fideicomiso relacionado con una de las instituciones señaladas. Sin embargo, no existe una acusación formal en su contra y el propio Romo no ha emitido declaraciones.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, respondió que colaborará con las autoridades estadounidenses y que iniciará una revisión regulatoria interna.
Expertos financieros advierten que estas acusaciones podrían afectar la reputación del sistema bancario nacional y generar medidas de mayor escrutinio internacional, en especial sobre transferencias y corresponsalías bancarias. Mientras tanto, las entidades implicadas niegan vínculos con el crimen organizado y aseguran su disposición a cooperar con las autoridades.
