Comisión de la verdad y una consulta onerosa

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En Palacio Nacional y en Morena continúan viendo hacia el pasado. Ahora quieren una Comisión de la Verdad para llevar a juicio a los expresidentes, tras una consulta onerosa.

Entonces, ¿para qué una consulta que costó más de 500 millones de pesos?

No hablan del futuro ni de cómo resolverán las tres crisis que agobian al país: inseguridad, salud, economía. Siguen en campaña para distraer a los mexicanos.

La consulta popular del domingo resultó onerosa e inútil. Alrededor de 7 millones de personas votaron; se requerían más de 37 millones para que fuera vinculante.

Comisión de la verdad y una consulta onerosa

Ahora hablan de la crear una Comisión de la Verdad o de un “juicio popular”. Eso se podía haber hecho sin necesidad de una consulta.

Sin embargo, había que cumplir otro más de los caprichos presidenciales. Ya estamos acostumbrados a que estos sean distractores para evadir responsabilidades gubernamentales.

El presidente López Obrador advirtió ayer que “esto no descarta la posibilidad de que haya juicios”. Nuevamente la pregunta: ¿para qué la consulta?

El dispendio en el gobierno de la “austeridad” no tiene límites. Más de 500 millones de pesos a la basura.

Los recursos gastados en la consulta pudieron haberse utilizado en cosas verdaderamente importantes: medicamentos para niñas y niños con cáncer, por ejemplo.

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De acuerdo con el Presidente, la autoridad tiene derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre que haya pruebas y elementos.

Criticó a los opositores porque afirmaban, previo a la consulta, que “la ley no se consulta…”, y les respondió: “tampoco se aplica”.

Si la crítica es que antes no se aplicaba la justicia, porque se encubrían actos de corrupción, ¿por qué López Obrador no lo hace ahora?

El Presidente ostenta hoy un poder que ninguno de sus antecesores tuvo. Cuenta con apoyo popular y en el gobierno no hay quién le diga que no.

Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, es uno más de sus subordinados, a pesar de que esa institución sea legalmente independiente.

López Obrador puede presentar denuncias y ordenar que se inicien investigaciones contra personajes del pasado. Nadie se opondría a ello.

Pero en cambio, prefirió impulsar un ejercicio propagandístico que jaló los reflectores precisamente hacia donde él quería.

Si la posibilidad de iniciar juicios contra expresidentes aún está abierta, es momento que desde el gobierno actúen en consecuencia.

La consulta solo fue un pretexto. La mayoría de quienes acudieron a votar lo hizo por el Sí. El presidente tiene que ser consecuente con la decisión mayoritaria.

La democracia participativa es una buena noticia, pero no como consecuencia de los deseos de venganza de una persona, aunque cargue con la investidura presidencial.

Eso quedó claro el domingo. La inmensa mayoría de mexicanos están cansados de la confrontación alimentada desde Palacio Nacional.

El Presidente tiene la última palabra. ¿Se atreverá o intentará enredar con su verborrea matutina?


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