Frente a la petición del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su desacuerdo con esas conclusiones. El organismo mexicano reiteró que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado y cuestionó la interpretación del Comité.
A partir de una revisión preliminar, el Comité, integrado por “expertos independientes”, determinó que existen indicios “fundados” de desapariciones “de manera generalizada o sistemática”. Este planteamiento, fechado este 4 de abril, derivó en la intención de escalar el tema al ámbito de la Asamblea General.
El sustento principal de esa determinación provino de solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales y colectivos de familiares, indicó la CNDH. Bajo este contexto, el organismo cuestionó que no se agotaran previamente las instancias nacionales previstas en los artículos 30 y 31 de la Convención Internacional.
De acuerdo con la Comisión, el análisis del Comité dejó fuera los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales implementados por el Estado mexicano en los últimos siete años. Asimismo, señaló que se retomaron posturas del Centro Prodh, que calificó las acciones como “acciones parciales y poco coordinadas”.
Sobre la evolución del fenómeno, la CNDH indicó que el dictamen no distingue los periodos históricos en los que se concentraron las desapariciones. Recordó que estas ocurrieron como política de Estado durante la “Guerra Sucia” entre 1951 y 1990 y en la “Guerra contra el narcotráfico” de 2006 a 2012, mientras que desde 2018 han disminuido.
Una dualidad en el dictamen fue señalada por la Comisión, al advertir que el Comité reconoce la ausencia de “indicios bien fundados” de una política federal deliberada, pero simultáneamente afirma que las desapariciones responden a políticas estatales u organizacionales. Esta situación fue considerada inconsistente.
Datos sobre expedientes de queja fueron compartidos previamente con la Cancillería mexicana, recordó la CNDH. En ellos se identifica que la mayoría de los casos corresponde al periodo de la “Guerra contra el narcotráfico” y a regiones específicas, elementos que no fueron incorporados en el análisis del Comité.
En cuanto a su actuación, el organismo informó que ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada vinculadas a hechos de años anteriores, así como 5 por casos recientes. Estos últimos corresponden a eventos en Morelos, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla.
La Comisión destacó que los casos han disminuido y que actualmente se atienden con mayor rapidez, en contraste con administraciones anteriores caracterizadas por encubrimiento y falta de atención. También señaló irregularidades en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas mediante la Recomendación 238/2023.
Finalmente, la CNDH cuestionó la propuesta de medidas internacionales como cooperación técnica o asistencia especializada, al considerar que replican esquemas sin resultados previos. Además, rechazó posturas de algunas ONG y afirmó que continuará informando a instancias internacionales.
