Cero y van siete

El tráiler

A una semana del secuestro de 16 funcionarios chiapanecos, del bombazo contra la Guardia Nacional y de la brutal ejecución de Hipólito Mora; en la celebración multitudinaria del sábado en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador no mencionó al crimen organizado ni se solidarizó con las víctimas.

Responsabilizó, eso sí, a sus predecesores y refrendó lo acertado de su estrategia. Se abstuvo de darnos cifras, tal vez porque las estadísticas contradicen su triunfalismo. Durante los primeros años de su gobierno las fuerzas armadas y la ya desaparecida Policía Federal recibieron un billón 43 mil millones de pesos sin que hayan sido capaces de contener el número de homicidios que, en abril pasado, llegaron a los 152,836, con lo cual superaron el máximo alcanzado durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Estas cifras me llevan a una de las grandes incógnitas sobre nuestro conocimiento de las organizaciones criminales. Los últimos siete presidentes han invertido en instituciones gubernamentales que nos informan con precisión sobre el costo humano, pero que no han querido, o podido, armar un perfil sobre la magnitud de la amenaza.

Las cifras que nos ofrecen provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Comisión Nacional de Búsqueda. También han sido fundamentales los aportes del INAI ahora silenciado por decisión presidencial.

Lo que se pasa por alto es que ninguno de los siete últimos presidentes nos ha ofrecido una descripción del tamaño de la amenaza. Carecemos de una estimación oficial sobre el número de carteles y sicarios, sobre el armamento a su disposición y sus ingresos y egresos, o sobre la producción y trasiego de narcóticos.

​Este gigantesco hueco informativo lo han ido llenando periodistas, académicos y organismos de la sociedad civil. Gracias a ellos tenemos algunas de las piezas que nos permiten tener una idea aproximada de la bestia. Por Lantia Consultores sabemos que en junio de este año México tenía dos carteles trasnacionales, 75 mafias de tamaño medio y 507 bandas pequeñas; gracias a Data Cívica contamos con las estadísticas sobre los 512 ataques contra funcionarios gubernamentales perpetrados por criminales entre 2017 y 2023; y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha documentado el asesinato, durante este sexenio, de 84 ambientalistas.

También sabemos que en las elecciones de 2024 el crimen organizado se lanzará a la conquista de gobiernos locales, un asunto particularmente grave que abordaré en una columna próxima. Es una faceta desatendida de la disputa electoral en curso.

​¿Por qué el silencio sobre la magnitud del riesgo? Sostengo, como hipótesis de trabajo, que una de las principales razones por las cuales la autoridad federal silencia el tamaño de la amenaza está en su deseo de evitar que se conozca el papel jugado por los funcionarios que protegen a criminales. Se trata del famoso pacto de impunidad que llevamos décadas testimoniando. Ejemplifico su actualidad con un par de casos difundidos por los medios.

​En octubre de 2022, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el semanario Proceso, entre otras publicaciones, difundieron documentos hackeados a las fuerzas armadas donde se aseguraba que tres funcionarios del gobierno de Tabasco presidido por Adán Augusto López, estaban aliados a una célula del CJNG. También se ha difundido información sobre presuntos nexos del crimen organizado con el gobernador de Morena en Morelos, Cuauhtémoc Blanco. No hay indicios de que la Unidad de Inteligencia Financiera o alguna otra dependencia de la 4T iniciara una investigación para verificar o desechar este tipo de asociaciones.

El actual presidente se rehúsa a revisar su estrategia. Es el séptimo presidente que llega cargado de optimismo y decidido a recomponer lo recibido: cero y van siete que dejan el cargo sin haber podido domar una criminalidad que no para de crecer. El próximo presidente o presidenta debe comprometerse a revisar críticamente las actuales políticas públicas para elaborar una nueva estrategia basada en el conocimiento acumulado desde los años ochenta. Sin prejuicios. Con humildad e inteligencia. La seguridad depende de todos y todas.

Colaboró Jorge Araujo

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