El programa “Mujeres con Bienestar” en el Estado de México, anteriormente conocido como Tarjeta Rosa, ha generado controversia tras la transición hacia la Licitación Pública LPNP-005-2026, debido a cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Aunque se esperaba una competencia abierta, la licitación ha sido señalada por no cumplir con este principio, ya que, de acuerdo con los detalles disponibles, se trató de una invitación dirigida a una sola empresa: Servicios Broxel.
El programa contempla una asignación de recursos de hasta 1,750 millones de pesos para financiar actividades culturales, deportivas y de apoyo social, lo que incrementa la relevancia del proceso y las dudas sobre su ejecución.
Entre los aspectos que han llamado la atención se encuentran las condiciones de la licitación, como la exigencia de entregar 700 mil tarjetas personalizadas en un plazo de solo 10 días después del fallo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la viabilidad logística de cumplir con estos tiempos.
Algunos observadores han señalado que este tipo de requisitos podría indicar que las tarjetas ya estaban producidas con anticipación, lo que incrementa las dudas sobre la equidad del proceso.
El programa también incluye diversos servicios, como seguros de vida y asistencia veterinaria, con una comisión mensual de 352 millones de pesos; sin embargo, beneficiarias han manifestado que no cuentan con información suficiente sobre cómo acceder a estos beneficios.
En el proceso de licitación participaron únicamente Broxel y Previvale; durante la junta de aclaraciones, esta última presentó cuestionamientos que fueron rechazados, así como solicitudes para modificar requisitos como certificaciones ISO o el uso de tarjetas tipo carnet.
La situación recuerda antecedentes en otras entidades, como Jalisco, donde la Universidad de Guadalajara y trabajadores del sector público reportaron fallas en el sistema de Broxel, incluyendo declinaciones de pagos pese a contar con saldo y problemas en la aplicación y el portal.
Asimismo, usuarios fuera de zonas metropolitanas han señalado dificultades por la falta de establecimientos que acepten estas tarjetas, mientras que en Monterrey se registraron depósitos erróneos de hasta 20 mil pesos en cuentas que debían recibir 2,150 pesos, situación que posteriormente fue corregida, aunque obligó a los usuarios a devolver los montos utilizados.
En este contexto, fuentes gubernamentales han indicado que Ernesto Armendáriz Ramírez, delegado de Programas para el Bienestar, tiene conocimiento de las denuncias contra Broxel, las cuales actualmente son investigadas por la Secretaría Anticorrupción.
