Comisiones del Congreso capitalino aprobaron reformas al Código Penal capitalino para incrementar las penas de cárcel contra talamontes.
Con la reforma de ley se elevará de seis a 20 años la pena de cárcel para quien cometa el delito de tala.
La pena actual es de dos a 10 años de cárcel, aunque solo tres personas están en la cárcel por ese delito, según datos de la Fiscalía capitalina.
Es una reforma al artículo 345 bis del Código Penal local y en ella se establece que se sancionará hasta con 20 años de prisión a quien tale árboles en áreas naturales protegidas, de valor ambiental, barrancas o de suelo de conservación.
La pena de cárcel aplicará también para quien transforme, comercialice, acopie, distribuya o reciba madera aserrada de forma ilegal.
AGRAVANTES
De acuerdo con la titular de la Comisión de Recursos Naturales (Corenadr) Columba López, las sanciones de prisión podrían incrementarse y alcanzar hasta 30 años.
Esto será así porque la reforma al artículo 345 bis del Código Penal contempla agravantes, como la duplicidad de la pena de cárcel cuando se cauce daño, destrucción, alteración, menoscabo o pérdida de la biodiversidad, ecosistemas o de especies endémicas.
El dictamen se aprobó en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Ahora el documento pasará al Pleno del Congreso local para su eventual ratificación.
BANDAS
La Policía capitalina tiene ubicadas a cinco bandas de talamontes que operan en los bosques del sur de la Ciudad.
Las áreas de operación están en Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.
Esto de acuerdo con el subsecretario de Operación Policial de la SSC, Israel Benítez López.
Destacó que se tienen identificados vehículos, rutas, destinos y aserraderos a donde llegan, así como el organigrama de los integrantes.
Agregó que más de 80 personas conforman esos cinco grupos criminales.
IMPUNIDAD
De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX se tienen actualmente 17 personas vinculadas a proceso por el delito de tala clandestina.
De ellos solo tres se encuentran en prisión, producto de un cateo en el cual se pudo demostrar en flagrancia que era un aserradero dentro de los límites de la ciudad.
Los 17 vinculados a proceso están bajo esa medida como resultado de acciones que se tomaron entre 2022 y 2023.
Durante toda la administración solo 34 personas han sido vinculadas a proceso por ese ilícito.
DELITOS CON DRONES
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local también aprobó una reforma al artículo 224 del Código Penal, a fin de agravar los delitos cometidos con el uso de drones o vehículos aéreos no tripulados.
En el dictamen se indica que actualmente la adquisición de estos aparatos es sencilla y no existe una regulación formal que controle su venta al público.
Así, en últimas fechas es recurrente que grupos criminales utilicen estos aparatos como apoyo para realizar robos, secuestros, extorsiones y otros delitos, como el traslado de drogas.
La reforma establece que cuando un delito se cometa con el uso de drones o con tecnología de video vigilancia, las penas de cárcel se aumentarán en una mitad respecto a lo ya previsto en el Código Penal.
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