La Fiscalía capitalina dio a conocer que al día de hoy tiene asegurados 60 inmuebles relacionados con la red de corrupción inmobiliaria que opera en la alcaldía Benito Juárez.
También reveló que investiga el posible enriquecimiento ilícito, por 300 millones de pesos, de uno de los involucrados en esa red.
El vocero de la institución, Ulises Lara, continuó con la estrategia mediática de mantener en la agenda pública el tema del llamado cártel inmobiliario.
Así, salió a redes sociales para dar un mensaje sobre la situación de esos 60 inmuebles, entre los cuales hay predios, casas y departamentos.
Algunos de estos 60 inmuebles se encontraban en arrendamiento o comodato y eran ocupados por terceras personas, mismas a las que se les han respetado sus derechos.
Lara añadió que la gran mayoría de los inmuebles estaban sujetos a la propiedad de quienes se desempeñaban como directores generales en la alcaldía Benito Juárez (Obras y Desarrollo Urbano y Jurídico y de Gobierno).
También eran propietarios los familiares y empresas relacionadas a dichos ex funcionarios.
DELITOS FINANCIEROS
Según el vocero, a partir de estudios periciales de contabilidad se detectó la posible comisión de diversos delitos financieros, debido a que a una persona se le descubrió un incremento en su patrimonio hasta por 300 millones de pesos.
No dijo de qué persona se trataba, pero expuso que esos recursos pueden ser considerados de procedencia ilícita.
Por ello, informó que se ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Advirtió que en su debido tiempo también se dará vista a la Fiscalía General de la República, al tratarse de posibles delitos del orden federal.
EMPRESARIO TESTIGO
Lara añadió que de los 60 inmuebles asegurados por la Fiscalía, nueve están directamente relacionados con la información que ha proporcionado un empresario de la industria de la construcción, quien se sujetó al mecanismo del criterio de oportunidad.
Estos nueve inmuebles están ubicados en la calle Riff, en la colonia Santa Cruz Atoyac; en la calle José María Rico, y en los complejos City Towers.
En todos esos casos se advierte que fueron adquiridos por personas físicas y morales, de quienes el incremento de su patrimonio se encuentra posiblemente injustificado.
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