Las Comisiones de Igualdad de Género y de Administración de Justicia del Congreso capitalino aprobaron un dictamen de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal local, en materia de violencia ácida.
La reforma busca regular la “violencia ácida” como un nuevo tipo de agresión contra las mujeres.
Consiste en ataques con sustancias químicas para causar lesiones temporales o permanentes que pueden provocar discapacidad o poner en peligro la vida.
La reforma plantea que las instituciones correspondientes cuenten con programas para atender a las víctimas, así como protocolos, registros, estadísticas y lineamientos precisos sobre la atención a estos casos de violencia.
CÁRCEL
La modificación al Código Penal local consiste en adicionar un capítulo de “lesiones por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas”.
Esto para tipificar la conducta conocida como “violencia ácida” e imponer 8 a 12 años de prisión y multa de 300 a 700 veces la unidad de medida a quien cause un daño en la integridad física o salud, utilizando diversas sustancias y/o compuestos químicos, que provoquen lesiones internas, externas o ambas.
Dichas penas aumentarán en una mitad cuando se cause deformidad en rostro, haya daño de órganos o en casos en que la víctima sea niño, niña, adolescente o persona con discapacidad.
COMO FEMINICIDIO
La conducta será considerada feminicidio en grado de tentativa, si el daño físico es permanente, así como llegar a afectar los órganos reproductores sexuales.
El dictamen considera como beneficiarias de la Ley a las mujeres trans, una importante demanda de esta comunidad que también registra casos de ataques en razón de género.
Al emitir su posicionamiento, la legisladora de Morena, Marcela Fuente Castillo dijo que con este dictamen se pretende que estos ataques sean considerados como un tipo penal específico por la gravedad simbólica, física y emocional que involucra.
Aseveró que se consideraron las observaciones y luchas de las activistas y organizaciones, en especial el trabajo realizado por María Elena Ríos Ortiz.
Por su parte, la diputada Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) recalcó que esta reforma es de gran ayuda, pero hace falta contar con un registro y control de quienes compran las sustancias con las que se realizan estas acciones violentas.
Recordó que esto último es abordado en una iniciativa que fue turnada a comisiones, y solicitó seguir trabajando en esta materia.
