Para el doctor en Sociología Antonio Azuela de la Cueva, antes de expedirse el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) debería aprobarse la Ley de Ordenamiento Territorial.
Expuso que la aprobación de esa Ley es un proceso fundamental y casi nadie lo menciona.
“Sin la Ley de Ordenamiento Territorial no se tiene un fundamento legal para expedir el Programa.
“No podemos emitir un Programa sin antes expedir la Ley”, dijo el académico de la UNAM al participar en la mesa de análisis “El PGOT ¿Crisis ambiental o futuro sostenible para la CDMX?”.
Este foro se realizó con el apoyo del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la Máxima Casa de Estudios.
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SALIR POR PETENERAS
Ahí el doctor Azuela expuso que la importancia de tener la Ley de Ordenamiento Territorial antes que el PGOT no es un argumento formalista desde el punto de vista jurídico.
Argumentó que la discusión en torno a la creación de la Ley tendría que ser el punto de partida para recuperar la legitimidad perdida en torno a la los temas de desarrollo urbano.
De hecho criticó que en el diagnóstico incluido dentro del PGOT no se identificara la existencia de esa crisis de legitimidad.
“No solo son los megaproyectos o las grandes torres los que causan la inconformidad.
“Es también el hecho de que es posible hacer grandes proyectos atroces dentro de la ley actual”, lamentó.
Así, consideró que en este momento no existen las condiciones de legitimidad para impulsar un nuevo PGOT y entonces surge la pregunta de por qué el GobCDMX lo impulsa de nuevo.
Estimó que las prisas de la autoridad obedecen a que existe un plazo constitucional que se debe cumplir a toda costa.
Pero el doctor en Sociología dijo que apegarse al argumento de los plazos para sacar ya el PGOT es una posición engañosa y un intento de sortear el problema con un documento cualquiera.
“Es salir por peteneras; es hacer un gesto que aparenta valentía y que en realidad consiste en huir del verdadero toro que es la crisis de legitimidad”, agregó.
PRIMERO LA LEY
Sostuvo que la Ley de Ordenamiento Territorial debería regular aspectos como la participación social, la interacción de instrumentos de desarrollo urbano y la obligación de desarrolladores inmobiliarios.
Antonio Azuela lamentó que el PGOT mantiene la vigencia de la actual Ley de Desarrollo Urbano y del Programa General de Ordenamiento Ecológico (PGOE) vigente desde agosto del 2000.
Lo que debería suceder, explicó, es que esa Ley de Desarrollo y el PGOE deberían quedar integrados en un solo cuerpo normativo, pues han estado desvinculados desde hace dos décadas y media.
Añadió que ante dilemas jurídicos que se presenten, como las obligaciones de los desarrolladores inmobiliarios, la Ley y no el PGOT es la que podría ser defendible ante tribunales y transparente ante los ciudadanos.
Así, el doctor en Sociología advirtió que el proyecto de PGOT presentado por el GobCDMX agravaría la crisis de legitimidad y no llevaría a ningún lado.
MILITARIZACIÓN
Antonio Azuela cuestionó la existencia de cuarteles de la Guardia Nacional en suelo de conservación de la CDMX.
Consideró que eso va muy a tono con estrategia de militarización de la política ambiental como sucede con el proyecto del Tren Maya.
“Se está militarizando el manejo del territorio y eso también agrava la relación entre los poderes del Estado”, expuso.
EXPLOTACIÓN DE LOS BOSQUES
En esta mesa de análisis, el especialista Luis Miguel Robles Gil alertó sobre una soterrada estrategia contenida en el PGOT para comenzar la explotación forestal de los bosques que sobreviven al sur de la Ciudad.
Integrante de la asociación civil Maderas del Pueblo del Sureste, Robles Gil explicó que el PGOT habla del concepto “Aprovechamiento forestal maderable”.
Acusó que esto significa eliminar la veda forestal existente para los bosques de la Ciudad desde 1947.
Aunado a ese intento para la explotación boscosa, denunció que el Programa no cuenta con un plan de manejo forestal.
“Se habla de reforestación o restauración, pero no de conservación.
“Hay bosques que no se deberían tocar”, sostuvo.
Agregó que en la narrativa gubernamental no se puede hablar del derecho humano al agua si no se conserva aquello que depende del agua, como los bosques.
Robles Gil también fustigó que en el proyecto del PGOT no existe ningún mapa que dé cuenta de la zonificación primaria, pues solo se muestran estrategias de restauración del suelo de conservación.
Así, decir que no existirá el “suelo rural” se vuelve mera retórica, dijo.
FALTAN LOS CÓMOS
En su turno, Claudia Reyes Ayala, coordinadora del Programa de Posgrado en Urbanismo de la UNAM, acusó que en el proyecto del PGOT faltan los “cómos”.
Desde su punto de vista hay una completa desvinculación entre la planeación y la operación.
Para poner un ejemplo, recordó que en el PGOT se señala como un objetivo central reducir los efectos del cambio climático, pero no se dice cómo se hará.
Acusó que en el Programa impera la visión que dentro del suelo de conservación cabe todo y no se habla de estrategias necesarias como vigilar la salud de la vegetación capitalina.
Recordó la catástrofe medioambiental que representó la muerte de miles de palmeras, a las cuales les tomó más de 80 años alcanzar el tamaño que tenían.
Ante ese problema “resultó más fácil talar que sanear”, expuso.
CONSULTA A PUEBLOS
Alejandro Velázquez, de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco, habló sobre el fracasado intento de consulta indígena que se intentó realizar en diciembre pasado.
La Secretaría de Pueblos y el Instituto de Planeación llevaron a cabo 100 actividades con 2 mil 343 asistentes, aunque se desconoce en qué consistieron esas actividades.
Además, se firmaron 49 protocolos de consulta, pero no todos con autoridades representativas de los pueblos, y se llevaron solo 12 reuniones de acuerdos.
Del total de procesos iniciados con protocolos solo se concretaron un 24 por ciento y éstos representan apenas un seis por ciento del total de pueblos y barrios existentes en la Ciudad que son 197.
Recordó que a la par, la Secretaría de Pueblos llevó a cabo un proceso de registro de pueblos y barrios de la Ciudad, pero solo 25 solicitaron ser registrados y de ellos únicamente dos fueron procedentes.
Sin embargo, la autoridad capitalina incorporó 48 pueblos más, sin que éstos lo hubieran solicitado y solo por el hecho de que ya estaban reconocidos en la Ley de Participación Ciudadana.
Sobre el PGOT rechazó la intención de dejar la zonificación secundaria de la CDMX a cada alcaldía.
Ello fragmentaría una visión común de la Ciudad, facilitaría el uso de estructuras corporativas y cacicazgos locales, facilitaría la legalización de megaproyectos inmobiliarios y pondría en riesgo el suelo de conservación.
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