Integrantes de pueblos y barrios originarios de la Ciudad lamentaron la respuesta discriminatoria y negligente del área jurídica del Congreso capitalino dentro de un juicio de amparo que representantes de esas comunidades interpusieron contra la Ley de Turismo.
Desde mayo del 2024 integrantes del Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac ingresaron juicios de amparo en contra de modificaciones a la Ley de Turismo.
En el juicio acusaron que esa reforma incluía diversas disposiciones que volvían a los pueblos, barrios y su territorio un mero objeto de consumo, al incluir las categorías de turismo de naturaleza, turismo religioso, turismo gastronómico, entre otras.
Lo anterior, señalaron, se hizo sin considerar una participación en la toma de decisiones respecto a la imagen, el uso de la identidad, las dinámicas culturales o la religiosidad de esas comunidades.
En la contestación que realizó el Congreso de la Ciudad a ese amparo, el área jurídica del Legislativo afirmó que los firmantes no acreditaron ser originarios de esos pueblos o indígenas.
“El abogado del Congreso, inventándose requisitos que no están en ninguna ley, afirmó que no es suficiente la autoadscripción para contar con un interés en un juicio, sino que debíamos probar ‘el linaje’ y la pertenencia a familias troncales del pueblo”, explicó el Frente en un comunicado.
Es decir, el abogado del Congreso prácticamente pedía una prueba de sangre.
“Lo anterior no es solo una muestra de la ignorancia de los derechos de los pueblos, sino un acto de discriminación y racismo.
“Debemos recordar que el ser indígena o integrante de un pueblo es un proceso de identidad antropológica y política. No es una condición genética”, explicó el Frente.
Este colectivo argumentó que en todo caso la prueba sobre la pertenencia es algo que debe acreditarse ante la misma comunidad y no ante el gobierno.
Por eso mismo existe el derecho de autoadscripción, por lo que las autoridades estatales no pueden definir, unilateralmente, los criterios o pruebas que ellos consideren para definir quién sí y quién no es sujeto de derechos.
Para el Frente, la interpretación que hace de la ley el área jurídica del Congreso es además de equivocada, un retroceso enorme por lo que hace al entendimiento de los derechos de los pueblos.
Es por ello que el pasado viernes 7 de febrero los denunciantes ingresaron una ampliación de demanda de amparo en el juicio contra la Ley de Turismo, pero ahora en contra de la respuesta emitida por Andrés Esteban Galicia, Director de lo Contencioso del Congreso local.
Además, este colectivo solicitó la renuncia del funcionario, por su notorio desconocimiento de la legislación vigente a favor de los pueblos.
También exigió que este tipo de respuestas no vuelvan a surgir del interior del Congreso de la Ciudad.
