Acuerdo nacional

Impunidad

Reaparece en el debate nacional el complejo tema de la relación entre partidos y sociedad. Mientras la alianza Morena-Verde-PT la maltrata e ignora, el PRI-PAN-PRD la halaga y corteja, pero sin darle el lugar que se ha ganado durante la transición.

Estamos ante dos pilares de la arquitectura institucional. En el 2024 los partidos recibirán alrededor de 10 mil millones de prerrogativas federales, a las cuales debemos añadir los recursos provenientes de las 32 entidades y las aportaciones que les llegan desde los poderes fácticos. Los partidos cuentan con algo más valioso: la llave de acceso a miles de cargos públicos con presupuestos multimillonarios.

La sociedad organizada también cuenta con recursos enormes que ejemplifico con los organismos de la sociedad civil. Pese a los acosos presidenciales de diverso tipo, han sobrevivido y crecido, ligeramente, en lo que va de este sexenio. En 2021 las 42,965 OSC que cuentan con Cluni recibieron donativos por 53,440 millones de pesos.

Pese a la importancia de ambos actores políticos (partidos y OSC) sigue habiendo desconfianzas y distancias. Participé durante tres semanas en una Comisión Electoral Ciudadana que debería haber organizado una consulta abierta a la ciudadanía para elegir a la persona que competirá desde la oposición contra quien propongan Morena y asociados. Como el Frente Cívico Nacional cambió los términos de la invitación, decidí renunciar al esfuerzo que, sin embargo, me confirmó la urgencia de un entendimiento entre sociedad y partidos sobre temas tan prioritarios y urgentes como la inseguridad.

A reserva de conocer las propuestas de las y los aspirantes, me sorprende la parálisis propositiva de gobiernos y partidos. El presidente sigue aferrado a frases desgastadas por las estadísticas: “abrazos sí, balazos no”, el “gabinete de seguridad se reúne cada día”, “estamos atacando las causas profundas de la violencia”. Su estrategia no está funcionando porque está basada en intuiciones y ocurrencias que repiten los errores cometidos por otros presidentes. Entre otros, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Hay gobiernos estatales y locales que han encontrado fórmulas para contener la violencia. Destacan la CdMx en manos de Morena y Coahuila gobernada por el PRI, mientras que los habitantes de San Pedro Garza García, Nuevo León, un municipio gobernado por un independiente, son los que se sienten más seguros en el país. La percepción de inseguridad tiene un promedio nacional de 62.1 por ciento, y en San Pedro es de solo un 18.3 % (ENSU, primer trimestre de 2023).

En el trasfondo están los avances en la comprensión de la violencia logrados por instituciones gubernamentales, empresas, centros de investigación, OSC y órdenes religiosas. Esos conocimientos son el sustento para la elaboración de una agenda plural consensada que deberá ser presentada a quienes ocupen las candidaturas a la presidencia.

Un indicio de que se está avanzando en esa dirección es la convocatoria a un diálogo nacional sobre la “seguridad y la construcción de la paz” que están haciendo la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores y la Compañía de Jesús (el evento de tres días se realizará en septiembre de este año).

De manera simultánea debemos crear estrategias para prevenir la violencia homicida que está devastando gremios estratégicos. Continúan asesinando a periodistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes comprometidos con su feligresía, candidatos a cargos locales y sindicalistas.

Si ya sabemos que la mayor parte de estas muertes se debe a conflictos con gobernantes locales (sean presidentes municipales, caciques o jefes de plaza) y si ya conocemos la inoperancia de las fiscalías y los poderes judiciales de los estados, tenemos que innovar estrategias para exigir al gobierno federal programas que se anticipen a la violencia homicida.

No podemos seguir confiando en presidentes cargados de buenas intenciones e intuiciones pero que desdeñan el conocimiento que han ido acumulando diversas dependencias de gobierno y sociedad.

Tampoco podemos seguir tolerando a diputados y senadores que evaden su responsabilidad de supervisar a las fuerzas armadas. La seguridad es una prioridad que trasciende siglas partidistas y civiles.


Colaboró Jorge Araujo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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