Ciudad de México.- Al asegurar que no hubo violaciones constitucionales en la aprobación y publicación de la ley electoral, el Consejero Jurídico del gobierno de la Ciudad, Manuel Granados, dijo que es atribución de las entidades federativas, y en el caso particular de la ALDF, definir que el arranque del proceso electoral será en el próximo mes de octubre.
“El calendario electoral tiene que ver con una determinación propia de la ALDF. Es atribución de las entidades federativas, en tanto que ellos propusieron iniciar el año electoral en el mes de octubre.
Todo el proceso electoral va amarrado de términos, del proceso y del calendario del INE y a lo que la ley general establece, en tanto que no podemos ir en una dirección contraria, pero eso también es parte de las atribuciones que tienen las entidades federativas para arrancar el proceso local”, dijo el funcionario.
La precisión de Granados se da en función de que el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) establece que el año electoral a nivel nacional inicia en septiembre.
Sin embargo, el artículo séptimo transitorio del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad aprobado ayer en la ALDF y promulgado hoy por el Jefe de Gobierno en la Gaceta Oficial capitalina, señala que en la Ciudad de México el año electoral comienza en el mes de octubre.
Manuel Granados destacó que las observaciones realizadas por el Jefe de Gobierno al decreto que inicialmente aprobó la ALDF atienden lo establecido en la Constitución local y por lo tanto “no estamos en un escenario de violación constitucional local o federal”, dijo.
Una de las observaciones que realizó el mandatario al decreto señala que el próximo jefe de gobierno emanado de las elecciones de 2018 tomará protesta al cargo el 5 de diciembre de ese año. Y es que el decreto inicial planteaba que el próximo mandatario iniciaría su encargo en octubre de ese año.
“La confusión estaba en términos de la elección del actual jefe de gobierno, porque es electo por seis años, no por 5 años 10 meses. En tanto que se establecía que su mandato terminaba en octubre definimos que inicie su encargo el 5 de diciembre. Es una corrección porque ahí sí habría una violación constitucional en tanto que el periodo del jefe de gobierno es de 6 años”, explicó el Consejero Jurídico.
Entrevistado en las instalaciones de la ALDF, a donde acudió para develar un boleto conmemorativo del Metro relacionado con jornadas notariales, Granados se refirió al método de aprobación de alcaldes y concejales, a través de planillas cerradas.
Dijo que no existe una violación constitucional en esa materia, toda vez que la Constitución de la Ciudad de México define con claridad la forma de elección y de representación que deben tener los concejales.
