Ciudad de México.- Al aprobar la legislación electoral que regirá a partir de los comicios del 2018, la ALDF rechazó flexibilizar algunos de los requisitos que se impondrán a candidatos sin partido, particularmente en temas como el régimen de financiamiento y la recolección de firmas para el registro de esos abanderados.
Esos temas formaron parte del debate durante la noche del pasado martes, durante la presentación de reservas por parte de los distintos partidos políticos.
Uno de los temas que empujaron legisladores como Fernando Zárate, del PVEM , y José Encarnación Alfaro, del PRI, fue el de eliminar el requisito de integrar una asociación civil, como si se trata de una persona moral, para darla de alta ante el Sistema de Administración Tributaria, así como abrir una cuenta bancaria a nombre de esta asociación para darle el tratamiento de un partido político en materia de fiscalización. En esa cuenta bancaria se tienen que manejar los recursos de la campaña electoral de cada candidato independiente.
Estos requisitos hacia los candidatos sin partidos vienen establecidos en los artículos 311, 316, 318, 323 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la CDMX aprobado el martes.
A decir de José Encarnación Alfaro, la Ley General de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, en su Artículo 357, permite que los candidatos independientes puedan tener una regulación distinta a la que se tiene para los candidatos independientes a nivel federal.
“La propuesta concreta es en el sentido de que eliminando este requisito (de la cuenta como persona moral) a los aspirantes a candidatos sin partido, tengan la obligación de abrir una cuenta bancaria a su nombre desde el momento que soliciten el registro como aspirantes, para que sea en esta cuenta personal donde se asignen los recursos públicos y privados y sean el motivo de fiscalización.
Esto hará posible que ciudadanos puedan participar en los procesos electorales sin esas limitaciones que implica la necesidad de crear una organización, una asociación civil como requisito”, argumentó Alfaro, quien pidió suprimir los párrafos respectivos de aquellos artículos. La propuesta se sometió a votación económica, es decir, a mano alzada, pero fue rechazada por la mayoría de los legisladores presentes.
En su momento, el diputado del PVEM Fernando Zárate también subió a tribuna para presentar reservas a los artículos 310, 233 y 326 del Código electoral local. Expuso que exigir la obligación de crear asociación civil para los candidatos independientes puede tardar más de 40 días, lo que no es coherente con otro requisito que se les impone, de reunir el 1% de firmas dentro de la circunscripción para la que compiten en tan sólo 60 días.
Acusó que el periodo de recolección de firmas para los candidatos independientes se empalmará con las precampañas de los partidos políticos, lo que generará mucha confusión entre la ciudadanía.
Planteó la necesidad de hacer más sencillos esos requisitos, como el de recabar 1% de las firmas, pero no de manera proporcional en toda la circunscripción, sino tan sólo en la colonia o territorio donde es más reconocido.
“Evidentemente los candidatos independientes no son una agrupación, no son una asociación, no es un partido que pudiera desplegar de manera más efectiva las firmas y ahora se le está, a mi juicio, imponiendo una carga adicional y una carga desproporcionada con respecto a los candidatos por partido”, expuso Zarate.
También propuso que puedan recopilar las firmas de manera electrónica, a través de un mecanismo que registre la huella digital.
“Por supuesto que nosotros reconocemos, yo personalmente reconozco el avance para incluir a los candidatos independientes en muchas partes del país han dado un ejemplo tanto de innovación como de creatividad para ser electos, por supuesto que creemos que en la Ciudad de México también tendría que ser pionero en la materia y que pudiera facilitarse el trámite para que la competencia sea más sana y amplia”, dijo en su momento el asambleísta del PVEM.
Estas propuestas también fueron rechazadas en votación económica.
