Ciudad de México.- La secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, Tanya Müller García, presentó un amparo por la orden de arresto administrativo que presuntamente fue girada en su contra posiblemente por el adeudo de un laudo.
Se trata del juicio de garantías 392/2017 interpuesto el pasado cuatro de mayo ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Penal Federal en la CDMX, donde reclamó a la Policía Federal Ministerial la ejecución de los actos privativos de la libertad, “orden de arresto administrativo”.
Antes de dar entrada a la demanda el juez de amparo advirtió a la quejosa que detallara a qué instancia de la Policía Federal iba dirigida la demanda pues el nombre de la autoridad emplazada era genérico, y con ello se dificulta el emplazamiento de la demanda.
“Requiérase a la promovente para que por escrito, manifieste: A qué autoridad de la Policía Federal Ministerial, desea señalar con tal carácter, pues no se precisó a qué autoridad de la aludida dependencia se desea señalar como responsable; lo cual, es indispensable para lograr su debido emplazamiento a la contienda constitucional que se intenta y fijar la litis contestatio respectiva”, notificó el juez de amparo.
Será en los próximos días cuando la funcionaria cumpla con las apreciaciones que le hizo el juez de amparo de lo contrario no se podrá dar entrada a la demanda o simplemente sobresea el juicio, por la inexistencia de las autoridades emplazadas.
En el 2015 la funcionaria presentó el juicio 321/2015 ante el Juez Noveno de Distrito de Amparo Penal, y en su momento le concedió la suspensión provisional de los actos privativos de la libertad, y de último momento tuvo que pagar el laudo reclamado para evitar el inminente arresto.
En esa ocasión fuentes judiciales confirmaron que la servidora pública denunció a través de su demanda que personas que se identificaron como agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de la República se presentaron en sus oficinas en la sede del entonces GDF a cumplir con el requerimiento judicial.
Detallaron que se trata del incumplimiento de sentencia sobre laudos que ordenó un juez y que hasta el momento no se han cumplido, por ello, ante el desacato se ordenó proceder como ordena la ley en contra de los servidores públicos involucrados.
