Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad (CDHDF) dio a conocer hoy la emisión de dos recomendaciones contra autoridades capitalinas, una por la detención de una persona tras un inadecuado registro del programa Conduce Sin Alcohol, y la segunda por la violencia cometida contra jóvenes que cumplen una medida de internamiento en la Comunidad para Mujeres de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario local.
En el caso de la recomendación contra el Programa Conduce Sin Alcohol, la misma se emitió en contra de la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica. Se trata del expediente 1/2017, y en este se determinó la violación a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad; así como al debido proceso y a la libertad personal.
En la recomendación se explica que la persona agraviada fue detenida el 14 de agosto de 2016 en un punto de revisión del llamado alcoholímetro, lo que conllevó el traslado de su vehículo a un depósito y el arresto inconmutable por 20 horas en el Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social, conocido popularmente como El Torito, al resultar que conducía su vehículo superando el límite de alcohol permitido.
Ese mismo día, a las 4:45 horas, fue ingresada al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, a efecto de que cumpliera la sanción, pero a las 8:03 horas, un Actuario adscrito a un Juzgado de Distrito en materia Administrativa se presentó en dicho Centro para notificar la suspensión provisional a favor de la persona agraviada en un juicio de amparo indirecto, promovido a su nombre por una persona a quien no conoce.
Sin embargo, el agraviado se negó a aceptar dicha suspensión y cumplió con la sanción que le fue impuesta, obteniendo su libertad a las 23:45 horas del 14 de agosto de 2016, expidiéndose a su favor la boleta respectiva.
No obstante, en El Torito se registró la suspensión y egreso del agraviado a las 9:00 del 14 de agosto de 2016, ordenándose su reingreso el 14 de octubre de ese mismo año por, supuestamente tener 14 horas y 45 minutos pendientes por cumplir del arresto.
Lo anterior, ocasionó que la persona agraviada fuera detenida el 30 de noviembre de 2016 por policías de la Ciudad de México, quienes la llevaron a El Torito, como lo ordenó la Juez Cívica, donde no fue recibida, por lo que los policías la trasladaron a su domicilio.
Por lo anterior, la CDHDF recomendó indemnizar a la víctima directa, por concepto de daño material e inmaterial, y además corroboró que los mecanismos existentes para compartir información sobre el cumplimiento de las sanciones administrativas, en específico, los arrestos que se cumplen al interior del propio Torito, entre la autoridad de justicia cívica y ese Centro, son deficientes, ineficaces, poco confiables e inoportunos, por lo que propician vulneraciones a los derechos de las personas infractoras.
En una conferencia de prensa, donde dio a conocer las recomendaciones, la titular de la CDHDF, Perla Gómez, dijo que la institución ha informado de la existencia de actividades irregulares que se generan con la aplicación del Programa Conduce Sin alcohol, como la práctica del “coyotaje”, consistente en la tramitación de amparos para evadir el cumplimiento de la sanción de arresto inconmutable, que se impone en relación a la aplicación del citado Programa; y muchas veces sin el consentimiento de la propia persona que está detenida.
Por lo anterior, dijo, este organismo inició una investigación de Oficio para ver que está haciendo la autoridad al respecto.
Violencia contra jóvenes internas
En la segunda recomendación, número 2/2017, la CDHDF documentó violaciones a derechos humanos a menores y jóvenes internas en la Comunidad para Mujeres de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes.
Los agravios consistieron en revisiones corporales exhaustivas; restricciones e injerencias ilegales y arbitrarias en la correspondencia, las llamadas telefónicas y las visitas; prejuicios y estereotipos de género; tratos degradantes a una adolescente; falta de seguridad jurídica y de acceso a la justicia; y el incumplimiento del deber de custodia para evitar que una adolescente se autoagrediera e intentara suicidarse.
Aunado a lo anterior, se evidenció la falta de capacitación y especialización del personal guía técnico que se encarga de custodiar y proteger a las adolescentes y jóvenes, y que tiene contacto directo con ellas, pero sin contar con formación especializada en mujeres adolescentes privadas de la libertad, y sin sensibilización para el cumplimiento de sus funciones y para proporcionar un trato humano hacia este grupo de población.
Esa recomendación es el resultado de la investigación realizada en tres expedientes de queja, de los cuales dos se iniciaron de oficio, e involucran a 11 mujeres adolescentes y jóvenes agraviadas.
Por ello, la Comisión recomendó a la Secretaría de Gobierno local proceder a la reparación por el concepto de daño inmaterial, ocasionado a las víctimas por la violación a sus derechos humanos; proporcionar a las víctimas tratamiento y acompañamiento psicológico especializado; realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad privado y publicar el presente instrumento en su página electrónica; revisar el Manual Administrativo de la Comunidad para Mujeres, a fin de que integre los más altos estándares nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos de las Adolescentes y Jóvenes que cumplen una medida de sanción en internamiento.
También solicitó implementar actividades de capacitación en la Comunidad para Mujeres, asegurando que sean variadas y libres de estereotipos de género; revisar el estado de fuerza del personal guía técnico adscrito a la Comunidad para Mujeres, a efecto de que sea proporcional al número de la población a la que tienen el deber de custodiar; además de establecer una mesa de trabajo con las dependencias de Gobierno que cuentan con programas sociales, a fin de que las adolescentes agraviadas puedan ser beneficiarias de los mismos.
