Ciudad de México.- El escenario político-electoral para el 2018 se vislumbra más complejo que en años anteriores, estima el presidente del Tribunal Electoral de la CDMX, Armando Hernández, quien de esta manera describe el reto que para esa autoridad representarán los comicios del año próximo.
Son muchas las variables que generan ese cálculo, dice el magistrado. De entrada, está la novedad marcada por la Constitución de la Ciudad de México, por los nuevos cargos de elección popular que se ponen en juego y los mecanismos que deberán crearse para designarlos, expone.
En entrevista con Capital CDMX, el presidente del Tribunal recuerda que en lugar de los actuales jefes delegacionales se elegirán a alcaldes, así como a concejales que formarán parte de los gobiernos de las demarcaciones.
Además, en la Constitución local se establece una redistritación local, que reduce de 40 a 33 el número de distritos electorales locales y por ello modifica la conformación del futuro Congreso local. A ello se suma la relación geopolítica en la ciudad, agrega.
“Cuando las elecciones son muy cerradas se exige mucho de la autoridad electoral y estimo que ese puede ser un escenario posible para 2018, que al igual que en 2015 este Tribunal, el Instituto Electoral y las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tengan un papel relevante en la toma de decisiones jurídicas respecto a la conformación de los poderes públicos en la Ciudad de México”, expone el magistrado.
Refiere que otro reto para las autoridades electorales, derivado de las obligaciones establecidas en la Constitución de la Ciudad, tiene que ver con la necesidad de garantizar la paridad de género en la conformación de las listas de candidatos a diputados locales, pues 33 deben elegirse por el voto directo de los ciudadanos y los otros 33 llegarán por la vía plurinominal. El problema, apunta, es que 33 no es un número par y eso impone ya un problema al momento de hacer cumplir dicha paridad.
“No se vislumbra una solución para armonizar el principio de paridad de género, que es un principio constitucional, una obligación de los partidos de postular paritariamente al mismo número de hombres y mujeres cuando el número de candidatos no tiene esa característica, entonces algo tendrá qué hacer la ALDF para armonizar el principio de paridad de género con el principio democrático de conformación de los órganos públicos a través del voto”, dice Hernández.
Apunta a que todo lo que no esté claro en la ley electoral corre el riesgo de terminar en tribunales, para que sean ellos los determinen la armonización de principios.
Las circunscripciones y la duda
El presidente del Tribunal Electoral muestra sus dudas sobre la obligación que establece la Constitución de la Ciudad de México, de subdividir las demarcaciones en circunscripciones y por cada una de estas se elija a uno de los concejales que integrarán el gobierno de las futuras alcaldías.
Para las elecciones de 2018 cada demarcación se subdividirá en 10 circunscripciones, aunque en los comicios posteriores la división puede ser hasta de 15 circunscripciones y de acuerdo con la densidad de población.
De entrada, Hernández plantea una duda, y tiene que ver con el requisito de residencia que deberán cubrir los candidatos a concejales.
“La división en circunscripciones habrá que ver el efecto que tiene, porque está claro que se tienen que inscribir candidatos a concejales por cada una, pero yo no tengo muy claro si se les va a exigir el requisito de vivir en esa circunscripción. Se tomó el modelo de Nayarit en donde los concejales provienen de distintas regiones de la demarcación y no de una sola, pero en mi opinión esta división interna de las demarcaciones no tiene toda la información o características para ver cómo funcionarán.
Me parece que el tema de las circunscripciones puede generar más conflictos de los que resuelva, pero no lo sé hasta que no haya una ley electoral en la materia; sabremos entonces cómo funcionaria”, expresa el presidente del organismo electoral.
También manifiesta sus dudas sobre las competencias que la Constitución capitalina le asigna al Instituto Electoral del DF para que haga la subdivisión de las circunscripciones, pues recuerda que el artículo 41 de la Constitución federal establece que la geografía electoral le corresponde en exclusiva al INE, “entonces habrá qué ver lo que se define al respecto, ahí tenemos una contradicción que pudiera resultar en una invasión de competencias en la Constitución”, dice.
La defensoría
En medio de las preguntas que surgen por los nuevos escenarios definidos en la Constitución capitalina, se inscribe el debate sobre la creación de leyes secundarias y una de ellas sería la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. El tema ya se debate en la Asamblea Legislativa del DF, en donde legisladores del PRD presentaron una iniciativa.
Para Armando Hernández ese debate propicia el ambiente adecuado para que las opiniones de los magistrados del Tribunal Electoral sean tomadas en cuenta al momento de construir ese marco normativo. “Lo ideal es que las opiniones del Tribunal Electoral sean consideradas. En mayo de 2016 se hicieron reformas para modificar la estructura del Tribunal que no fueron platicadas con nosotros y eso ha generado un incumplimiento de esa nueva estructura”, argumenta.
El magistrado presidente habla de la necesidad de contar dentro del Tribunal con una Defensoría Electoral Ciudadana que auxilie a los votantes para presentar medios de impugnación e inconformidades relacionadas con procesos electorales o de participación ciudadana.
Hernández recuerda que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o el Tribunal Superior de Justicia tienen sus propias defensorías, por lo que a raíz de lo que decida la ALDF se puede crear esa nueva estructura dentro de este organismo electoral, que atendería exclusivamente a ciudadanos, no a partidos políticos.
