Ciudad de México.- Como parte de las medidas de austeridad para el ejercicio fiscal 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció un ahorro de mil 900 millones de pesos.
Refirió que estas medidas de contención del gasto adoptadas son en respuesta a la coyuntura económica internacional y la nacional, derivada del alza a los combustibles sin demérito de las metas institucionales aprobadas para cada uno de los órganos del PJF.
Asimismo, la SCJN publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Manual que regula las remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Las medidas se desarrollarán bajo la premisa de que la actividad jurisdiccional no se verá afectada, señala el Acuerdo General del Comité Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de austeridad, optimización, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del ejercicio fiscal 2017”.
Las medidas que habrán de instrumentarse garantizarán en todo momento condiciones necesarias para una operación eficiente, que asegure el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación y aquellas obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia.
“Con el objetivo de lograr condiciones económicas más favorables, se procurará celebrar contratos multianuales de adquisición de bienes y contratación de servicios, en rubros como materiales de oficina y administración, mobiliario y equipo administrativo; equipo de cómputo; vehículos, telefonía celular, seguros de gastos médicos mayores; de vehículos, de bienes inmuebles y contenidos y servicios de voz y datos de la red amplia entre otros”, aseguró la SCJN.
Se acordó diferir proyectos de obra pública no prioritarios, racionalizar los gastos de viáticos y pasajes así como la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y de gastos de ceremonial y difusión.
En el rubro de servicios personales, el acuerdo dispone que la creación de plazas obedezca a las necesidades institucionales indispensables para la atención de asuntos prioritarios y estratégicos del ámbito jurisdiccionales y se sujetará a la autorización de las instancias competentes de cada órgano del PJF.
Los contratos de prestación de servicios profesionales se limitarán a los estrictamente indispensables, y las plazas que permanezcan vacantes por más de 6 meses se destinarán a cubrir requerimientos prioritarios o estratégicos.
