Ciudad de México.- En la penúltima sesión de la Asamblea Constituyente, los legisladores lograron destrabar una serie de reservas que no había sido procesadas dentro del artículo 21, apartado C, relativas al desarrollo urbano, por las que se consagra que las obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiarán el interés público.
Dentro del numeral 4 de ese apartado C, se concretó que las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas mecanismos para mitigar los impactos de las obras y proyectos urbanos, así como para minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades.
En un numeral 7 también se aprobó que “la ley regulará la obligación de los propietarios de desarrollos inmobiliarios de pagar una compensación monetaria para mitigar el impacto urbano y ambiental, a fin de contribuir al desarrollo y mejoramiento de equipamiento urbano, la infraestructura vial e hidráulica y el espacio público. La ley establecerá las fórmulas y criterios para la aplicación de dichos ingresos en las zonas de influencia o de afectación en condiciones de equidad, transparencia y rendición de cuentas”.
Javier Jiménez Espriú, de Morena, argumentó que dentro de su bancada votarían a favor, por considerar que con esta redacción se recupera lo que ayer se perdió sobre la mitigación de impactos urbanos por parte de desarrolladores inmobiliarios, cuando en la madrugada del lunes se eliminó el numeral 8 del mismo apartado C, artículo 21.
Con esta redacción, que se aprobó con 73 votos a favor y cinco en contra, se resolvió una serie de reservas que el 13 de enero presentó el diputado del PAN, Roberto Gil, sobre las cuales no hubo consenso y que quedaron pendientes de ratificación.
Dentro del acuerdo político que permitió destrabar esos párrafos, se eliminó un numeral 9 en el cual se planteaba que quedarían prohibidas las prácticas de segregación social en el desarrollo y gestión urbana.
La eliminación de ese párrafo generó posiciones en contra de algunos diputados de Morena, como Irma Eréndira Sandoval, quien consideró que con esa redacción no se logra cerrar el paso a los poderes fácticos de las inmobiliarias que se han adueñado del suelo en esta ciudad y que promueven la expulsión de las clases sociales más desfavorecidas.
“El pueblo ya no quiere ser excluido, ya no quiere prácticas especulativas en el uso del suelo, ya no quiere ver esos malls, ya no quiere ver esos edificios horrorosos que destruyen toda la arquitectura de esta Ciudad.
El control de la especulación, el control de la segregación urbana, la exclusión, los desalojos, los desplazamientos forzados, eso no está en esta Constitución, por más que se hayan visto a los ojos unos y otros, por más que hayan puesto en los zapatos una fuerza política en el lugar de la otra fuerza política. Eso no es una Constitución, una Constitución es ser fiel al mandato por el cual hemos sido votados y hemos sido puestos en este lugar para pensar en los límites al poder, al abuso del poder”, acusó Sandoval.
Enrique Provencio, del PRD, pidió votar a favor de estas propuestas en los numerales 4 y 7, porque se rescata con toda claridad el sentido del interés público que debe tener el desarrollo urbano, además de que se establece que en los programas y políticas deben definirse mecanismos para mitigar los impactos sociales y para minimizar los impactos sociales de dichas obras, así como la obligación de minimizar los otros impactos sobres los residentes locales y sus actividades económicas.
“Es cierto, esta no es la fórmula más explícita ni la fórmula técnicamente ideal para evitar ese fenómeno que ha sido tan aludido en este Constituyente que es el de la gentrificación, sin embargo, el principio queda claramente establecido, ya no en términos de controlar, como decía el dictamen originalmente, sino en términos de minimizarlo para evitar justamente ese fenómeno de la expulsión de los residentes y sus actividades económicas”, argumentó Provencio.
