Ciudad de México.- El diablo está en los detalles. Es un dicho muy utilizado en el lenguaje legislativo, que sirve para ejemplificar la manera en que nuestra clase política protege intereses propios y ajenos, a través de detalles que quedan plasmados en la redacción de las leyes que ellos mismos aprueban.
Aplicado ese dicho al artículo 21 de la Constitución de la Ciudad de México, la aprobación del mismo ha debido pasar por un exorcismo, de tanto detalle que ahí viene plasmado.
Y no es para menos, porque el mencionado ordenamiento aborda aspectos tan escabrosos o sobre los que han prevalecido enquistados intereses particulares, como los cambios de uso de suelo, el ordenamiento territorial, la intervención privada en la gestión del agua, la regularización de asentamientos ilegales, los desarrollos inmobiliarios, el uso de productos transgénicos en la agricultura local, la ocupación privada de espacios públicos y hasta las autorizaciones para la operación del transporte público.
A lo largo de este viernes, diputados constituyente de los distintos partidos políticos actuaron según sus plataformas, visiones o compromisos. Unos se asumieron como verdaderos exorcistas y actuaron hilarantes; otros conjuraron entre líneas intereses soterrados.
Por la mañana, legisladores, dirigentes y simpatizantes de Morena organizaron un mitin en la Plaza Manuel Tolsá, ubicada a un costado de la antigua sede del Senado, para acusar que en la Asamblea Constituyente los otros partidos políticos construían un acuerdo para que en la Constitución de la Ciudad quede abierta la posibilidad de privatizar el agua.
Los diputados de Morena han insistido en ese tema desde hace dos días, luego de que Ramón Aguirre, titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se apareció por la Asamblea Constituyente para cabildear una propuesta de redacción dentro del artículo 21.
Aguirre buscaba que en la nueva Constitución quedara plasmado que los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se prestarán por medio de un organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión.
Bajo esa redacción, el nuevo organismo sería un ente descentralizado de la administración pública, lo que a decir de diputados de Morena, le daría facultades para otorgar concesiones a privados, a fin de que intervengan y participen en el proceso de operación del servicio de agua.
La negociación
El cabildeo de Ramón Aguirre prosperó, pues ya en la noche de este sábado los legisladores aprobaron, con 82 votos en pro, dos en contra –de los legisladores de Morena, Jaime Cárdenas e Irma Sandoval– y cuatro abstenciones, una modificación al numeral 4 del apartado B del artículo 21, relacionado con la gestión sostenible del agua.
En ese numeral quedó establecido que el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será prestado por el gobierno de la ciudad a través de un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, que coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá ser privatizado.
La redacción fue resultado de una larga negociación entre diputados de todas las bancadas, incluido Morena, un asunto que quedó reflejado durante la discusión en el Pleno.
Para Irma Sandoval y Jaime Cárdenas, en ese numeral no se establecen candados para evitar la intervención privada en los procesos de saneamiento, reutilización y tratamiento del líquido.
“Carlos Slim se está frotando las manos y también las refresqueras, las cerveceras, porque van a tratar el agua y la van a revender. Estamos abriendo la puerta al servicio de privatización”, acusó Cárdenas.
Pero dentro de Morena hubo legisladores que no compartían esa visión, como el coordinador de la bancada, Bernardo Bátiz, quien consideraba que la redacción del numeral representa un paso fundamental.
“No podemos, por consideraciones timoratas, poner en tela de juicio lo que estamos logrando. Deberíamos todos estar alegres y satisfechos por lo que se hizo.”, expresó Bátiz.
Luego explicó el por qué del cambio de opiniones dentro de su bancada. “La objeción principal es que el organismo que va a ocuparse como parte del gobierno tenga patrimonio y personalidad jurídica. Estábamos en desacuerdo no porque eso sea indebido, es positivo, puede ser positivo, pero reconocemos que puede ser el resquicio para que los privatizadores, los que sueñan con la privatización, para que por ahí se metan, pero sí estamos logrando la redacción expresa, de que se prohibirá la privatización. No hay que tener miedo a los avances”, argumentó.
Porfirio Muñoz Ledo, diputado designado por el jefe de Gobierno, subió a tribuna para defender la redacción. Dijo que en esta propuesta se añadieron todas las preocupaciones que tenían los distintos grupos y acusaba: “Lo que a veces no puedo entender es la fascinación por la derrota, que aunque hemos ganado todo creemos que hemos perdido”.
César Camacho, coordinador de los diputados del PRI, fue el encargado de subir a la tribuna para presentar la redacción del numeral 4 que gozaba de consenso.
Anunció entonces que como parte de los acuerdos, se convino que en el artículo 14 y dentro del apartado relacionado con el derecho al agua, se incorporará una modificación en la cual quedará establecido que la gestión del agua será exclusivamente pública y sin fines de lucro. Esta parte del artículo 14 todavía no se vota, porque la misma se regresó a comisiones en días pasados.
Hugo Erick Flores, diputado del Partido Encuentro Social, consideraba que con la redacción alcanzada se lograba exorcizar la paranoia privatizadora que ha dominado el discurso de algunos legisladores.
El trabajo en la Comisión
El tema del agua fue uno de los más polémicos durante los debates de hoy en la Asamblea Constituyente, primero en la Comisión de Desarrollo Sostenible y luego en el Pleno.
La Comisión sesionó este viernes con el objetivo de construir prácticamente un nuevo dictamen, luego de que se presentaran 93 reservas al dictamen original. En ese grupo legislativo el objetivo era sistematizar y reducir la gran cantidad de reservas, para llegar al Pleno con la menor cantidad de propuestas y agilizar el debate.
Ese proceso le tomó toda la mañana y la tarde a los integrantes de la comisión de Desarrollo Sostenible que preside el perredista Enrique Provencio. Tantas eran las reservas a sistematizar que el Pleno estaba convocado a sesionar a las 16:00 horas, pero la sesión arrancó hasta las 20:30 horas, pues hasta ese momento se tuvo listo el nuevo dictamen del artículo 21.
La Comisión no pudo lograr un consenso para “planchar” ahí la redacción más satisfactoria sobre el tema del agua, por lo que endosaron el trabajo a la Mesa de Consulta de la Asamblea Constituyente, donde participan todos los coordinadores parlamentarios. Fueron los líderes de las bancadas quienes llegaron al acuerdo para destrabar el tema del agua.
Lo que sí logró la Comisión fue avanzar en la redacción de propuestas importantes en materia de uso de suelo, como la que planteó la diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, en el sentido de que la legislación secundaria deberá prever sanciones penales para servidores públicos que otorguen permisos, licencias o autorizaciones, cuyo contenido sea violatorio de las leyes o programas de ordenamiento territorial, así como para aquellas personas que destinen dolosamente un bien inmueble a un uso distinto del uso de suelo que tenga permitido u obtenga un beneficio económico derivado de dicha conducta, o presenten documentos apócrifos en relación con algún permiso, licencia, autorización o manifestación ante las autoridades competentes en las materias de obras, ordenamiento territorial o medio ambiente.
En la Comisión también se discutió una propuesta de la legisladora panista, quien hoy y contrario a sesiones pasadas de la Comisión de Desarrollo Sostenible, se mantuvo muy activa. La propuesta no prosperó durante el debate de ese grupo de trabajo y se tuvo que desahogar en el Pleno, donde finalmente se aprobó.
La propuesta señala que las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, para lo cual deberán impulsar un plan de movilidad que permita la transición hacia patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas y motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías.
En este tema estuvo en contra la diputada de Morena, Mayela Delgadillo, quien consideró que la redacción, plasmadas en el numeral 3 del apartado H favorecerá a empresas automotrices que están enfocadas a intervenir con vehículos que utilizan nuevas tecnologías.
Luego de que el jueves trabajadores de servicio de limpia se manifestaron afuera de la Asamblea Constituyente, acusando un intento de privatizar el manejo y recolección de los residuos de esta ciudad, la Comisión de Desarrollo Sostenible aprobó una propuesta del PRD, por la que se establece que las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de barrido, recolección, transportación y destino final.
Como parte de esa adición, también se define que el tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan, y que quedará prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de recolección y tratamiento de residuos sólidos.
