Ciudad de México.- El derecho a la muerte digna se contrapuso hoy al derecho a la vida en la Asamblea Constituyente. En medio de ambos conceptos hubo un fuerte debate ideológico de la derecha que acusó a la izquierda, la aplicación de la mayoría por parte de estos últimos y protestas de grupos conservadores a las afueras del órgano legislativo que exigían la defensa de la vida desde la concepción.
La muerte digna se aprobó. Fue una propuesta que hizo el legislador perredista Jesús Ortega, quien planteó la incorporación de un párrafo en el apartado A del artículo 11, relacionado con el derecho la autodeterminación personal y al libre desarrollo de la personalidad.
“Este derecho humano fundamental (de la autodeterminación) deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”, se incluyó en la nueva Constitución de la Ciudad de México a propuesta del diputado del PRD.
En el sistema de votación quedaron registrados 57 votos en pro, de diputados perredistas, de Morena, del Movimiento Ciudadano y de los designados por el Jefe de Gobierno. Hubo 27 votos en contra, del PAN, PVEM y Encuentro Social. Sólo se registró una abstención.
Entre los diputados priistas hubo votación diferida, pues Cinthya López Castro, Augusto Gómez Villanueva, Fernando Lerdo de Tejada, Lorena Marín, Manuel Díaz Infante y Beatriz Pagés e Irma Cué apoyaron la reserva que presentó el ex presidente nacional del PRD.
En una entrevista posterior, Ortega explicó que con este texto incluido en la Constitución local, queda abierta la puerta para que a futuro el Congreso local debata sobre eutanasia y respecto a las condiciones que fijará la ley para determinar los casos en los que una persona decida no prolongar su vida ante enfermedades graves.
El derecho a la vida no se aprobó. Una a una las seis reservas al apartado A del dictamen que presentaron diputados del PRI, PAN, PVEM y Encuentro Social fueron desechadas. Ni siquiera se admitieron a discusión, pues cuando en votación económica la Mesa Directiva preguntaba si se abría el debate, a mano alzada los diputados de izquierda ganaban el voto para rechazar las reservas.
Como antes ya se había aprobado lo de muerte digna, el tema dio argumentos a los legisladores de derecha para lanzar dardos a una impávida izquierda que dejó pasar todas las provocaciones.
La panista Cecilia Romero subió a tribuna para presentar dos propuestas que contemplaban el derecho a la vida, ambas con distintas redacciones.
En una proponía que en la Ciudad de México se reconociera, protegiera y tutelara el derecho a la vida de todo ser humano; en la segunda y muy parecido a la anterior, planteaba que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad. Ninguna prosperó.
Romero se lanzó contra la izquierda. Irónica, les criticó la incongruencia de haber aprobado el derecho a la muerte, pero no el derecho a la vida.
“Esto lo menos que puede ser es una incongruencia. Estamos aprobando el derecho a morir, pero no el derecho a vivir; ni siquiera morir se puede si no se vive”, dijo la panista en medio del aplauso de los suyos y el silencio de los contrarios.
Hugo Erick Flores, del Partido Encuentro Social, propuso que se estableciera el derecho a la vida desde la fecundación. Tampoco se aceptó a discusión, pero antes de bajarse de la tribuna el diputado espetó: “Aquí se ha estado hablando ya de la muerte. Bueno, pues hablemos ahora de la vida claramente. Y estoy de acuerdo con la Diputada Cecilia Romero. Para hablar de muerte tenemos que hablar de vida y aquí nada más ustedes están hablando de muerte”.
Flores les reprochó a los diputados de izquierda que no dieran el debate y aunque los azuzó en esas bancadas no respondieron. “¿El fundador de Morena pensará, como están votando los constituyentes de Morena? Los compañeros del PRD que hablan mucho aquí, pero al ratito nos piden auxilio y se meten a iglesias a hacer proselitismo, sabemos de eso y aquí sí se viene a decir, no a eso, ¿verdad?”, les dijo.
Alejandro Bustos, del PVEM, subió a tribuna con números en la mano pero ni así logró sacar de su mutismo a los adversarios políticos. Dijo que de acuerdo con el INEGI en los 18 estados con legislaciones menos permisivas hacia el aborto y que han incluido el derecho a la vida en sus constituciones, tiene muchos mejores resultados en la disminución de los indicadores de muerte maternal en general y de muertes maternas por abortos inducidos y espontáneos en particular.
“Así tenemos que la tasa de mortalidad materna en general es de 38.3 sobre 100 mil, en los estados que protegen la vida, y 49.6 en los estados que permiten el aborto. La tasa de mortalidad materna por aborto inducido es del 0.9 en los estados menos permisivos y 1.7, casi el doble, en los estados permisivos. Como dato indicativo el estudio arrojó que en este periodo la tasa más alta de muertes maternas por aborto los tiene la Ciudad de México”, argumentó el pevemista.
La izquierda no concedió nada, ni siquiera una propuesta que hizo Hugo Erick Flores en otro tema. Pedía que en el apartado I sobre libertad de creencia se incluyera la libertad de culto. El perredista Roberto López le dijo que no era viable esa propuesta porque algunos cultos son ilegales.
De 23 reservas que se presentaron sólo se aprobaron tres, una de ellas la de Jesús Ortega sobre muerte digna y dos de la ministro en retiro Olga Sánchez Cordero que son más de forma que de fondo.
Antiaborto y gasolinazos en la primera sesión del año
Pasadas las vacacione de fin de año, los diputados tardaron en llegar a la Asamblea Constituyente. La primera sesión de este 2017 comenzó a las 11:45 am, casi dos horas después de lo programado y con tan solo 52 legisladores, apenas dos más de los necesarios para hacer el quórum legal.
Al ingresar a la antigua sede del Senado, los constituyentes tuvieron que enfrentar las arengas a grito abierto o en megáfono que hacían integrantes de Provida y del Frente Nacional por la Familia, que auspiciados por diputados del PAN y Encuentro Social exigían que en la Constitución de la Ciudad se prohíba la interrupción legal del embarazo.
Apostados sobre las calles de Xicoténcatl y Donceles los manifestantes elevaban el volumen cuando veían pasar a diputados del PRD y de Morena.
Ya en el salón de sesiones estos mismos diputados traían sus propias protestas, pues en sus curules colocaron pancartas en los que exhibían su rechazo a la decisión del gobierno federal de elevar el precio de la gasolina.
Durante la sesión lograron que incluso legisladores del PAN y de Encuentro Social suscribieran un pronunciamiento en contra del llamado “gasolinazo”.
“Levantamos nuestra más enérgica protesta por las medidas que desde la autoridad federal se han impuesto en contra de la economía de la mayoría de los habitantes de este país y de esta Ciudad. El aumento del precio a los energéticos se ha convertido en una provocación que pone en riesgo la muy frágil paz social que tiene el país. Exigimos que las medidas financieras impuestas se reflexionen y se abrogue tal disposición”, se planteó en ese pronunciamiento.
El artículo 10
En esta primera sesión del 2017 de la Asamblea Constituyente aprobó dos artículos más de la futura Constitución. Junto con el 11 también pasó el artículo 10 que habla de exigibilidad de los derechos.
El debate lo dominó una propuesta que inicialmente planteaba eliminar de ese artículo que el Instituto de Planeación de la Ciudad de México desarrollará un sistema de indicadores de los derechos humanos para fijar metas en el presupuesto anual y evaluar la garantía de su cumplimiento progresivo. La propuesta de quitar esa facultad al Instituto era de diputados de distintas bancadas, como Morena, el PRI, PAN y PRD, aunque al final se retiró.
En ese décimo artículo quedó establecido que la Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos Humanos para asegurar la progresividad, exigibilidad y justiciabilidad de los mismos, así como la no regresividad de esas prerrogativas.
Este artículo incluye disposiciones para que las autoridades adopten medidas legislativas, administrativas, judiciales y económicas, entre otras, que den plena efectividad a lo que ordenará la Carta Magna a partir de su entrada en vigor.
Los constituyentes aprobaron disposiciones sobre el derecho a la reparación integral por violaciones a los derechos humanos, que abarcarán medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
