Ciudad de México.- La investigadora del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Ecuador, y de la Facultad de Derecho de la Universidad El Bosque, Colombia, la maestra Diana Milena Murcia Riaño, catalogó como antidemocrática, la consulta a pueblos y comunidades indígenas.
Los pueblos indígenas tienen el derecho a ser reconocidos en un marco jurídico nacional e internacional. El despojo paulatino y la destrucción de sus hábitats, es debido a que se estableció un procedimiento legítimo para la actuación empresarial y el desarrollo de proyectos.
Murcia Riaño explicó que la consulta a pueblos y comunidades indígenas, excluye a sectores importantes y los personajes debilitados políticamente toman decisiones de manera obligada sin tener la información correcta.
La especialista afirmó “se requiere de una caracterización más realista del derecho; entender que es un proceso de negociación, determinar que hay cosas no negociables, entre ellas, la supervivencia de múltiples ecosistemas, todo en un ámbito democrático, porque es un derecho patrimonial y no humano”.
De acuerdo al jurista Luigi Ferrajoli, la única diferencia entre el derecho patrimonial y los derechos humanos, radica en que el primero opera sobre cosas, no es incluyente y excluye a los personajes principales, y solo participan aquellas que atribuyen garantías, y olvidan que los derechos humanos son incluyentes.
CCJ
