Ciudad de México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales informó que actualmente 79 juzgadores, jueces de distrito y magistrados de circuito se les ha dotado de seguridad especial. Cuentan con vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano.
Al condenar nuevamente el asesinato del juez de Distrito ocurrido en Toluca, estado de México, Vicente Antonio Bermúdez Sacarías, aclaró que el Poder Judicial de la Federación cuenta con protocolos y sistemas previstos para proporcionar, a los juzgadores, protección para ellos y en algunos casos para sus familias.
Advirtió que ninguna agresión a ningún funcionario del Poder Judicial de la Federación puede, ni de lejos, ser aceptada ni tolerada, mucho menos el homicidio, y sobre este último caso insistió en que las autoridades competentes están realizando la investigación correspondiente.
“Tengo entendido que no han concluido todavía quién es el autor intelectual de este delito y tampoco del móvil que lo generó. Me parece agraviante para la víctima, para su familia y para la verdad, que se especule con ello y se afirme lo que no se ha demostrado”, dijo el Ministro Presidente.
Aguilar Morales rechazó que la violencia en contra de los jueces o el personal del PJF sea algo cotidiano, o continuo, y aseveró que el homicidio del juez es un caso excepcional, no por eso menos indignante y terrible, pero aislado.
Para garantizar la seguridad de los juzgadores, dijo, se cuenta con el apoyo estratégico y operativo de varias autoridades federales como la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina e incluso de las policías de la Ciudad de México y de las Entidades de la República, además de personal de seguridad y sistemas de vigilancia con cámaras de circuito cerrado en todas las instalaciones.
Asimismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que actualmente los mexicanos “queremos un México en paz, que viva en tranquilidad”.
Recordó que todos somos ciudadanos de este país y, por ello, hizo un llamado a evitar la confrontación y trabajar en unidad.
“No podemos, no debemos estar enfrentados. Hay que estar juntos, trabajar en equipo conforme a las responsabilidades propias de cada uno. Sólo unidos, apoyándonos unos a otros, podremos, como lo hemos hecho en muchos momentos de nuestra historia patria, salir airosos y triunfantes frente a cualquier problema, por grave o difícil que parezca”.
“Queremos un México de paz, que viva en tranquilidad. Al igual que todos, exigimos el respeto de los derechos sin distinción, como jueces es nuestra tarea y obligación velar por la existencia real y efectiva del Estado de derecho. Si los jueces somos criticados por cumplir con la Constitución, lo tomaremos como un cumplido”, manifestó.
El tema central de su Segundo Informe de Gestión, fue el nuevo sistema penal, mismo que es responsabilidad no solo de los jueces, sino de todos los actores que participan en él, que están obligados a cumplir con la ley y respetar, sin excepción y sin excusas, los derechos fundamentales de toda persona.
“Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas. No es opcional. No podemos eludirlo, está dispuesto en la Norma Suprema. Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma Constitucional de 2011, ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla”, dijo al rendir su informe de labores 2016.
A los jueces, en el nuevo sistema penal, les corresponde no sólo cumplir con su deber, sino exigir y vigilar que toda autoridad lo haga, aseguró ante el presidente Enrique Peña Nieto, integrantes de su gabinete, y los presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, quienes asistieron como invitados especiales a la sesión en la sede del Alto Tribunal.
Aclaró que, pese a lo que señalen la opinión pública o los medios, nadie es culpable sino hasta que así se demuestre siguiendo el debido proceso legal, y hasta que exista sentencia firme inmodificable de un juez competente que así lo determine.
Destacó que el PJF participa de manera relevante, pero responsable en el sistema penal, y como ejemplo dio algunas estadísticas de las múltiples acciones realizadas en el procedimiento penal, en la tarea de combatir el delito.
“Nuestros jueces emitieron legal y oportunamente 859 órdenes de cateo el 70% de las solicitadas; de las peticiones de arraigo se concedieron 24, esto es el 63%, de las pedidas. Además, los juzgadores federales dictaron tres mil 702 órdenes de aprehensión, de las cuales 456 ya correspondieron al nuevo sistema, así como otras muchas medidas legales, siempre que han estado plenamente justificadas a criterio de los jueces y conforme a la ley.
Reiteró también el compromiso de su administración con el combate a la corrupción, que consideró una práctica incompatible con la esencia del juez, con su inherente independencia, y calificó de mito y consigna mal intencionada la percepción de que el CJF no sanciona a los malos servidores públicos, pues de la disciplina depende la credibilidad del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones.
Explicó que los expedientes relativos a los procedimientos disciplinarios se han sancionado a 63 funcionarios del PJF mediante procedimientos disciplinarios en forma de juicio.
Entre ellos están 11 magistrados de circuito, con sanciones que van desde amonestación hasta la suspensión del cargo, y la imposición de diversas medidas disciplinarias a 14 jueces de distrito, de los cuales dos fueron destituidos, por considerar que sus conductas son indignas de un juez e intolerables para continuar en el cargo.
El ministro Aguilar Morales recordó que en los últimos años el trabajo se ha incrementado de manera notable, pues hace escasos siete años, en 2009, la SCJN recibía poco más de cuatro mil 460 asuntos en todo el año, sin embargo, para este año estadístico se recibieron 16 mil 139, prácticamente cuatro veces más.
