Ciudad de México.- La presidenta se la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, defendió esta mañana ante diputados constituyentes de la Comisión de Poder Judicial una propuesta de reforma a la iniciativa constitucional del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
A través de su propuesta, detalló una serie de planteamientos que tienen como objetivo precisar las facultades, atribuciones, alcances y delimitaciones, e incluso el nombre, del futuro órgano garante de los derechos humanos en la capital del país, una vez que quede instaurada la Constitución de la Ciudad de México.
Uno de los señalamientos hechos por Perla Gómez y que dominó gran parte del debate,fue el de la Defensoría Pública o defensoría de oficio.
Para la titular de la CDHDF, la Defensoría Pública no debería ser parte de la Comisión de Derechos Humanos como lo plantea la iniciativa del jefe de Gobierno.
En la propuesta del mandatario, la cual contempla de entrada que el nombre de la CDHDF debe sustituirse por el de Defensoría del Pueblo, se plantea que ese organismo tenga atribuciones para llevar a cabo la defensa de las personas sometidas a la acción de los tribunales de justicia. De acuerdo con Gómez, esa responsabilidad es exclusiva de autoridades dotadas de competencia específica para ello, lo que recae en la Defensoría Pública.
Agregó que de aprobarse en sus términos esa iniciativa se contrapondría con el artículo 102 apartado B de la Constitución federal, el cual establece que los organismos de protección de derechos humanos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.
En este punto estuvo de acuerdo la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien dijo que el debate en el tema será en que institución u organismo deberá quedar alojado, si en el futuro Consejo de la Judicatura local, la Consejería Jurídica del gobierno de la CDMX o adscrito a otro ente de procuración de justicia.
Ana Laura Magaloni, diputada constituyente designada por el jefe de Gobierno, promovió el debate al señalar que la Defensoría Pública debe quedar dentro del futuro órgano garante de derechos humanos, pues se garantizará por esa vía su asignación de recursos a fin de que tenga capacidad operativa y no sea una figura que como hoy, funciona con carencias y sin cumplir con su función principal de otorgarle defensa jurídica gratuita a los ciudadanos que no pueden pagar abogados privados.
