Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que siguen abiertas diversas líneas de investigación en la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y se han ubicado 40 puntos de investigación donde hay elementos para establecer la posible presencia de los jóvenes.
Además, que se han detectado al menos mil números de teléfonos que fueron utilizados por los agresores para coordinar las acciones en contra de los estudiantes entre los días 26 y 27 de septiembre del 2014.
A punto de cumplirse dos años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Rural, Raúl Isidro Burgos, la PGR no ha podido establecer si efectivamente fueron asesinados y calcinados, inclusive, el funcionario que llevó las investigaciones, Tomás Zerón de Lucio, fue separado de su cargo bajo la sospecha de que sembró pruebas en la supuesta escena del crimen.
Alfredo Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, confirmó que hay avances importantes en las investigaciones, a partir del uso de la tecnología líder.
El funcionario de la PGR informó que se trata de aviones no tripulados que han grabado y fotografiado en segundos un radio de hasta 400 metros lineales, por lo que se detectaron 40 puntos de investigación donde se presume pueden ser fosas clandestinas en inmediaciones de Iguala y Cocula, en Guerrero.
El funcionario confió que con los avances sobre las pesquisas se reanuden las mesas de dialogo con los padres de familia de los normalistas desaparecidos, pues a través de la investigación científica que se realiza se podrá establecer el paradero de las víctimas.
Dijo que hasta el momento hay 128 personas bajo proceso por estos hechos, mientras que las investigaciones siguen su curso y no se descartan más detenciones, para dar con el paradero de las víctimas.
La PGR cuenta con apoyo de especialistas del Buró Federal de Inteligencia de Estado Unidos, (FBI), a fin de recabar mayor información respecto a la desaparición de los normalistas.
Asimismo, se indica que también que se rastrean al menos mil números telefónicos, algunos corresponden a algunos servidores públicos, para establecer una red de vínculos que permita detener a más posibles involucrado, y en su caso dar con el paradero de las víctimas.
