Ciudad de México.- El desbordamiento del comercio informal en las calles de la Ciudad de México es un problema que merma la calidad de vida de los capitalinos.
Las delegaciones han hecho poco por frenar este fenómeno.
Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 10/2016 para diversas delegaciones.
El llamado es a que realicen acciones que propicien condiciones mínimas de ordenamiento, protección civil al mobiliario urbano y a la propiedad privada, así como el disfrute de los espacios públicos.
El objetivo es garantizar que el comercio ambulante use únicamente los espacios asignados. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 40 por ciento de los capitalinos se dedica a la informalidad.
Las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco ya fueron notificadas.
Ahora deben coordinar esfuerzos con las Secretarías de Desarrollo Económico y de Seguridad Pública para reordenar al ambulantaje.
"Las autoridades delegacionales deben garantizar que las personas que ejercen la actividad comercial, se instalen de manera exclusiva en los espacios asignados y no obstruyan indebidamente la vía pública", señala la recomendación.
Este viernes la CDHDF detalló que las violaciones a derechos humanos corresponden a 20 casos vinculados con 28 expedientes de queja.
Los registros corresponden a quejas interpuestas entre los años 2008 al 2016 por personas que tienen sus domicilios o transitan por las inmediaciones de alguna vía pública utilizada y ocupada para llevar a cabo actividades de oferta y demanda de diversos productos.
“Las autoridades delegacionales omiten garantizar el respeto de los derechos de las personas vecinas y transeúntes, lo cual conlleva a realizar acciones que propicien condiciones mínimas de ordenamiento, de protección civil al mobiliario urbano y a la propiedad privada, así como, el disfrute de los espacios públicos”, afirma la CDHDF.
A juicio de la Comisión, la actividad comercial debe ser regulada de manera integral a través de disposiciones que garanticen el cumplimiento de los ordenamientos de protección al medio ambiente y de otros derechos humanos.
También deben dar a las personas vecinas amplias posibilidades de expresar a las autoridades sus inconformidades e inquietudes que se derivan de la instalación de esa actividad en espacios públicos, de manera tal que puedan participar en la planeación, regulación e implementación de medidas, desde una visión armonizadora del ejercicio de derechos.
