Ciudad de México.- En los próximos días Joaquín Guzmán Loera podría ser enviado a los Estados Unidos donde es reclamado en seis cortes, entre ellas, la de Texas donde está autorizada la pena de muerte.
La decisión depende de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la cual tiene un plazo de 20 días para definir si concede o rehúsa la extradición solicitada por el Gobierno norteamericano.
El pasado fin de Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales consideró procedente la extradición de Guzmán Loera a los EU, por estar sujeto al Cuarto Proceso Superveniente CR 95-0973-B (también referido con los números de causa 95-973-B, 95-0973-B y 95-1911M), ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, Estados Unidos, donde enfrenta cargos de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína.
El sábado pasado de forma repentina Guzmán Loera fue trasladado al Penal Federal número 9, en Chihuahua, bajo el argumento de las obras de remodelación y mantenimiento del CEFERESO del Altiplano de donde Guzmán Loera se escapó en julio del 2015.
El traslado del pasado siete de mayo se llevó a cabo en completo sigilo, pues ni la defensa del capo fue notificado sobre ello. La trasferencia se realizó en las primeras horas de la mañana por vía área cuando tres helicópteros de las fuerzas armadas trasladaron a Guamán Loera al penal de Ciudad Juárez.
Cabe destacar que los últimos amparos de Guzmán Loera fueron tramitados en contra de la orden de extradición, donde plasmó abiertamente su temor por la “pena de muerte, atroces y abominables torturas y confinamiento en cárceles secretas”.
Desde su recaptura el ocho de enero pasado Guzmán Loera tramitó 12 amparos en la capital del país y el estado de México, en contra de la extradición, deportación y desaparición forzada, y tortura e incomunicación.
Cabe recordar, que ante los presuntos actos de tortura en contra de Guzmán Loera en el Penal del Altiplano, la defensa pidió, por lo menos mediáticamente, apresurar su extradición a los EU donde dijo estar dispuesto a colaborar con el Gobierno de aquel país para así reducir su condena a cambio de información.
Ahora con base al artículo 30 de la Ley de Extradición Internacional, depende de la SRE si contesta en tiempo y forma a la petición del Gobierno Norteamericano, para ello cuanta con 20 días, aunque no necesariamente podría agotarlos, por ello, la extradición se podría llevar en cualquier momento sólo cumpliendo con los requisitos consulares necesarios, pues el juez de procesos consideró que no hay objeción para su traslado.
