Más de 2 mil contratos financiados con recursos federalizados entre 2023 y 2026 dejaron en Hidalgo obras que siguen sin concluir, compras que no resolvieron necesidades en el sector salud y proyectos cuyos resultados permanecen sin comprobar. En conjunto, el monto ejercido supera los 3 mil millones de pesos.
La revisión de esos contratos muestra que una parte importante de los recursos se concentró en hospitales, infraestructura hidráulica, equipamiento médico y programas sociales. Entre los proyectos destacan obras pendientes de concluir y adquisiciones que no lograron atender problemas como el desabasto de medicamentos.
Uno de los casos más representativos es el Hospital General de Actopan, que recibió al menos 346.5 millones de pesos mediante dos contratos para su construcción y equipamiento. A pesar de la inversión, el nosocomio todavía no cuenta con una fecha definida para entrar en operación.
El contrato individual de mayor monto ascendió a 252.1 millones de pesos para la adquisición de equipo médico y de laboratorio destinado a los Servicios de Salud de Hidalgo. Sin embargo, posteriormente persistieron reportes por falta de medicamentos y personal médico en distintas regiones del estado.
Los recursos federalizados también financiaron obras hidráulicas, entre ellas una línea de agua potable en Tezontepec de Aldama por 26.7 millones de pesos. Paralelamente, autoridades estatales informaron la detección y clausura de más de 15 mil tomas clandestinas de agua durante la actual administración.
Otro rubro con contratos de alto valor corresponde a los programas para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes, donde se identifican convenios por decenas de millones de pesos firmados con personas físicas.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación observó irregularidades por 582.9 millones de pesos al revisar la Cuenta Pública 2024, relacionadas con obras, compra de medicamentos, pagos a contratistas e inconsistencias en documentación oficial.
A este panorama se suma un incremento de 42 por ciento en los delitos presuntamente cometidos por servidores públicos entre enero y mayo de este año, en comparación con el mismo periodo anterior, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
