Morena elevó el conflicto poselectoral en Coahuila al anunciar que buscará la nulidad total de la elección local en los 16 distritos del estado, una estrategia que trasciende la disputa por resultados específicos y coloca bajo cuestionamiento la integridad completa del proceso electoral.
La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, informó que fueron presentadas 17 impugnaciones: una por cada distrito electoral y una de carácter general, con el argumento de que existieron irregularidades sistemáticas durante la jornada electoral.
Según Morena, las anomalías detectadas alcanzaron 962 casillas, equivalentes al 22.6 por ciento de la votación instalada en la entidad, una proporción que el partido considera suficiente para solicitar la anulación de toda la elección.
Las denuncias presentadas incluyen presunta compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación indebida de servidores públicos, utilización electoral de programas sociales estatales, violencia política y de género, así como posibles rebase de topes de campaña.
“Vamos a llegar hasta la última instancia”, afirmó Montiel durante una conferencia de prensa, donde sostuvo que Morena no permitirá que “el PRI siga reproduciendo esas prácticas en contra de la democracia”.
El eje de la denuncia: los códigos QR y la presunta compra de votos
El elemento central de la narrativa presentada por Morena es un supuesto mecanismo de control electoral basado en códigos QR.
De acuerdo con la dirigencia nacional, durante la campaña y la jornada electoral algunos ciudadanos habrían recibido códigos vinculados a la comprobación del voto, una práctica que históricamente ha sido asociada a esquemas de compra y coacción electoral.
Montiel aseguró que el partido ha recibido fotografías, testimonios y boletas anuladas en las que ciudadanos dejaron mensajes denunciando pagos de 200 pesos a cambio de sufragar por candidatos priistas.
Incluso afirmó que algunas personas depositaron los propios códigos QR dentro de las urnas como forma de evidencia.
Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido una resolución sobre la validez de estas pruebas ni han determinado la existencia de una operación sistemática de compra de votos.
El caso llega a la FISEL, el INE y la UIF
La ofensiva jurídica de Morena no se limita a los tribunales electorales.
La dirigencia informó que solicitó la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) para investigar posibles delitos relacionados con compra y coacción del voto.
Asimismo, presentó denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunto uso irregular de recursos y posibles rebase de gastos de campaña.
Paralelamente, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastrear el origen y destino de los recursos que habrían sido utilizados para financiar la presunta operación electoral denunciada.
La ruta que plantea Morena abre varios frentes institucionales simultáneos: electoral, penal y financiero.
¿Qué tendría que ocurrir para anular una elección completa?
La solicitud de nulidad total representa uno de los recursos más complejos dentro del sistema electoral mexicano.
Para que prospere, los tribunales deberán determinar no sólo la existencia de irregularidades, sino también que estas fueron graves, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección.
En los próximos meses, las autoridades electorales deberán analizar las pruebas aportadas por Morena, los informes de los órganos electorales locales y las respuestas de los partidos señalados.
La discusión podría extenderse hasta las salas regionales e incluso llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El conflicto ocurre en la antesala de 2027
La disputa en Coahuila se desarrolla mientras Morena acelera su preparación rumbo a las elecciones de 2027.
Durante la misma conferencia, Ariadna Montiel anunció que este martes se presentará, junto con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, así como dirigentes del Partido del Trabajo y del Partido Verde, la ruta para la elección de coordinadores estatales que eventualmente podrían convertirse en candidatos para los próximos comicios.
En ese contexto, el caso Coahuila adquiere una dimensión política adicional: se convierte en la primera gran batalla jurídica y narrativa de Morena después del proceso electoral local y en un precedente sobre la manera en que el partido enfrentará denuncias de presuntas irregularidades electorales rumbo a 2027.
Por ahora, la decisión queda en manos de las autoridades electorales y de las instancias federales que deberán determinar si las acusaciones presentadas cuentan con elementos suficientes para modificar, o incluso anular, una elección completa.
