La coincidencia es extraordinaria.
El mismo día en que México recuerda el Halconazo, la Ciudad de México vuelve a convertirse en escenario de una discusión que el país no ha logrado resolver en más de medio siglo: qué debe hacer el Estado cuando distintos derechos entran en conflicto.
Hace cincuenta y cuatro años, el poder respondió a la protesta social con violencia. El 10 de junio de 1971 quedó inscrito en la memoria nacional como una advertencia permanente sobre los peligros de un Estado que confunde autoridad con represión.
Desde entonces, buena parte de la transición democrática mexicana consistió en construir límites al poder y ampliar las libertades ciudadanas.
La izquierda que hoy gobierna México y la CDMX hizo de esa causa una de sus principales banderas.
Por eso resulta tan significativo el momento actual.
Al tiempo que la CNTE mantiene ocupado el Zócalo, anuncia nuevas movilizaciones y presiona al gobierno federal para atender sus demandas, la capital del país se prepara para recibir uno de los acontecimientos más importantes de su historia reciente.
Clara Brugada y Claudia Sheinbaum habla de movilidad, turismo, infraestructura y organización.
En tanto, las organizaciones sociales recuerdan que existen conflictos sin resolver. En medio de ambos discursos aparece una ciudad sometida a tensiones crecientes.
El asunto rebasa a la CNTE y al Mundial mismo.
Lo que está en juego es algo más profundo: la capacidad del Estado para arbitrar entre derechos igualmente legítimos.
La libertad de manifestación constituye una conquista democrática irrenunciable. También lo es la libertad de tránsito.
El derecho a protestar forma parte de cualquier sociedad abierta. El derecho de millones de ciudadanos a desplazarse, trabajar o acceder a servicios públicos forma parte de la misma ecuación.
La dificultad comienza cuando ambos derechos chocan y precisamente para eso existe el Estado.
No para suprimir libertades ni imponer silencios, sino para construir condiciones de convivencia entre intereses distintos.
Sin embargo, la política mexicana parece atrapada entre dos fantasmas.
El primero es el del viejo autoritarismo. Nadie quiere parecerse al Estado que reprimió estudiantes en 1968 o en 1971. Menos quieren cargar con el costo histórico de utilizar la fuerza pública frente a movimientos sociales.
El segundo fantasma es más reciente y menos discutido: el de la renuncia a ejercer autoridad.
Entre ambos extremos se mueve hoy la izquierda gobernante.
El filósofo Walter Benjamin imaginó al Ángel de la Historia observando una montaña de ruinas mientras una tormenta lo empujaba hacia el futuro.
Los hombres llamaban progreso a esa tormenta. El ángel observaba algo distinto: los restos acumulados de conflictos que nunca terminaron de resolverse.
La imagen resulta inquietantemente actual.
Los derechos humanos, la libertad de expresión y la protesta social representan avances indiscutibles de la democracia mexicana.
No obstante, cuando las instituciones pierden capacidad para ordenar los conflictos que nacen de esas mismas libertades, el progreso comienza a mostrar sus propias contradicciones.
La Ciudad de México ofrece hoy una postal de esa tensión: Una ciudad donde nadie propone regresar al autoritarismo, pero donde tampoco existe claridad sobre cómo ejercer una autoridad democrática eficaz.
Claudia Sheinbaum denuncia provocaciones. Clara Brugada opta por una estrategia de bajo perfil. Los líderes sociales elevan la presión. Los ciudadanos observan.
En redes sociales se debate quién tiene la razón y la CDMX sigue en caos esperando la respuesta y las autoridades en alerta sin ofrecer seguridad a la ciudadanía y los miles de turistas que esperan el Mundial.
NOCAUT.
Mañana inicia el Mundial.
Hoy quedó claro que el partido más importante sigue jugándose en las calles.
Y el gobierno va perdiendo.
