El senador de Morena, Armando Ayala Robles, presentó en el Senado de la República una iniciativa para establecer un marco regulatorio para plataformas digitales de servicios financieros, con el objetivo de frenar prácticas de extorsión, cobros coercitivos y proteger el patrimonio de las familias mexicanas.
La propuesta plantea una regulación más estricta sobre aplicaciones móviles que ofrecen préstamos, particularmente aquellas vinculadas con el esquema conocido como “montadeudas”, mediante el cual se otorgan créditos rápidos y posteriormente se modifican condiciones o se ejerce presión sobre los usuarios mediante amenazas o difusión de información personal.
El legislador originario de Baja California, señaló que la iniciativa busca responder a la proliferación de conductas ilícitas en entornos digitales, así como cerrar vacíos legales que permiten a estas plataformas operar sin supervisión, garantizando mayor transparencia y seguridad jurídica para los usuarios.
Como parte del planteamiento, Ayala Robles propuso eliminar el registro en el Buró de Crédito para adeudos menores a 10 mil pesos. La medida contempla la adición de un artículo 23 Ter a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el objetivo de establecer un esquema de evaluación más accesible que permita a personas con deudas de bajo monto reincorporarse al sistema financiero sin afectar la medición de riesgo del sector.
Asimismo, la iniciativa incluye la creación de mecanismos diferenciados dentro de las Sociedades de Información Crediticia para el sector primario y rural, con el fin de que el historial crediticio de productores agrícolas y ganaderos sea evaluado bajo criterios acordes a su actividad, considerando factores como ciclos biológicos, condiciones climáticas y volatilidad de mercados, para facilitar su acceso a financiamiento.
El senador también planteó una reforma a la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, orientada a fortalecer la educación financiera y la capacidad organizativa de estas agrupaciones, mediante herramientas técnicas que permitan mejorar su operación, sostenibilidad y desarrollo.
La propuesta se presenta en un contexto de incremento de fraudes digitales en el país. En meses recientes, autoridades han alertado sobre la proliferación de aplicaciones de préstamos ilegales que utilizan datos personales de los usuarios para extorsionarlos, así como esquemas de cobranza que incluyen amenazas y difusión de información privada.
Especialistas han advertido que estas plataformas suelen solicitar acceso a contactos, fotografías y archivos del teléfono, lo que permite ejercer presión sobre las víctimas en caso de incumplimiento de pago. Además, operan fuera de regulación y modifican condiciones de crédito, lo que dificulta saldar las deudas.
A este escenario se suman modalidades de fraude telefónico detectadas desde 2025, en las que delincuentes suplantan a instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para exigir pagos o información personal mediante amenazas, lo que refleja una evolución en los mecanismos de engaño y extorsión.
