La Ley de Rentas Justas deberá esperar hasta después del Mundial de Futbol, pues la ruta legislativa que seguirá esa propuesta impone primero una reforma a la Constitución local planteada por la Jefa de Gobierno que, por los mismos controles constitucionales, no puede aprobarse fast track en el Congreso capitalino.
En ese escenario, la misma Clara Brugada reconoció que será hasta septiembre cuando se tenga el andamiaje legal para poner ordena las rentas en la Ciudad, sin abusos de arrendadores, con protección a inquilinos y una regulación constitucional a los cobros.
De la Ley de Rentas se ha hablado desde julio de 2025, cuando Brugada anunció el Bando 1, pero deberá pasar más de un año para la cristalización de esa normatividad.
“Todo esto se va resolver, pienso, que a más tardar en septiembre. Si se hace un período extraordinario (en el Congreso de la Ciudad) para ello, mejor.
“Pero eso ya lo decidirá el Legislativo, si hace un período extraordinario o hasta septiembre; pero en septiembre, nosotros esperamos que a principios de septiembre y que no se vaya hasta diciembre o hasta el último momento”, dijo.
La mandataria hacía referencia al hecho de que la misma Constitución capitalina impide que una modificación a la Carta Magna local se apruebe en el mismo periodo de sesiones en el cual se presenta la iniciativa de reforma.
Brugada dijo entender que la Ley de Rentas Justas debe aprobarse lo más pronto posible, por lo cual presentará ya la iniciativa de reforma a la Constitución de la Ciudad, a fin de que en el Congreso capitalino se discuta con tiempo.
La jefa de Gobierno añadió que la regulación de las rentas no es cualquier tema y tiene que ver no solo con poner topes a los costos por abajo de la inflación.
Adelantó que la Ley de Rentas Justas incluirá medidas relacionadas con aspectos como los desalojos, el arraigo comunitario para combatir la gentrificación y definiciones sobre la política de vivienda.
A pregunta expresa, Brugada dijo que durante los seis años de su gobierno tiene como meta construir 20 mil viviendas para renta asequible.
En todo el sexenio, añadió, habrá una producción de 80 mil viviendas nuevas que creará el Gobierno local con apoyo de la Federación, y para ello se hará una importante adquisición de reserva territorial.
Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la Ciudad, refirió a Capital CDMX que el año pasado se logró adquirir 20 mil metros cuadrados de terrenos para esa reserva, los cuales se suman a 27 mil metros cuadrados que se recibieron al inicio de esta administración.
Ya el año pasado se lograron construir 10 mil viviendas nuevas y para este 2026 la meta es lograr un número igual, para lo cual se tiene un presupuesto por 9 mil millones de pesos.
La jefa de gobierno subrayó que esa producción de vivienda es parte de la estrategia para evitar la gentrificación, un fenómeno que según las cifras de su administración provoca la expulsión de entre 20 mil y 30 mil familias cada año.
LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Ante de la Ley de Rentas Justas vendrá una reforma al artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México.
La modificación señala que, con el propósito de fortalecer el derecho a la vivienda adecuada, al arraigo vecinal, disminuir las desigualdades y territoriales, así como construir relaciones inquilinarias justas y equilibradas, el Gobierno de la ciudad implementará una política integral de vivienda.
Esto para incrementar de manera significativa la oferta de viviendas social y asequible, así como mecanismos de acceso a la misma; en particular, para poblaciones juveniles y grupos de atención prioritaria.
Además, el Gobierno de la ciudad ampliará permanentemente su reserva territorial, para garantizar el derecho a la vivienda adecuada y asequible, a través de la adquisición de suelo.
En los contratos de arrendamiento de inmuebles de uso habitacional, la renta no podrá incrementarse anualmente, más allá de la inflación del año anterior, reportada por el INEGI.
Se conformará una institución pública encargada de la promoción y defensa de los derechos, así como de orientación, difusión y cumplimiento de las obligaciones en las relaciones inquilinarias, con el objetivo de lograr relaciones justas, equilibradas y con certidumbre entre las partes.
En cuanto al derecho de arraigo vecinal y comunitario, las personas habitantes de la ciudad tendrán derecho al arraigo vecinal y comunitario; al vínculo social, cultural, económico y territorial, y a la permanencia en donde se han desarrollado sus proyectos de vida.
El gobierno implementará una política pública contra la gentrificación y a favor del arraigo vecinal y comunitario.
